CASTELLÓ. La polémica por las videocámaras copó el pleno del Ayuntamiento de Castelló, en el que Paula Archelós se estrenó como edil del grupo de no adscritos. La nueva condición política de la munícipe implica ampliar el turno de intervenciones en los debates o explicaciones de voto (de seis a siete representantes), siempre que así lo autorice la alcaldesa, Amparo Marco, como sucedió en la sesión de este jueves, participando en algunos de los puntos del despacho extraordinario. Eso sí, la concejala en ninguna de sus alocuciones hizo mención alguna a su estatus como tránsfuga.
La convocatoria ordinaria de mayo puso de manifiesto que la controversia respecto al sistema de fiscalización de acceso al centro amenaza con prolongarse más allá del 1 de octubre, cuando se reactiven los dispositivos filmadores para multar a todo aquel que circule por el casco antiguo sin autorización. Las enfrentadas posturas entre el ejecutivo local y la oposición auguran futuras porfías.
A petición del PP, el regidor de Movilidad, el socialista Jorge Ribes, compareció ante la corporación para dar cuenta de su gestión en este asunto. El edil insistió en la necesidad de seguir adelante con la medida para cumplir con la disposición de la Unión Europea, que exige a las ciudades de más de 50.000 habitantes habilitar zonas de baja emisión de CO2 antes de 2023. Tanto la portavoz popular, Begoña Carrasco, como su adjunto, Sergio Toledo, le afearon su opacidad al no pronunciarse acerca del número de sanciones, plazos de devolución de las mismas y el pago de una posible indemnización a la empresa adjudicataria del servicio.
Las críticas también llegaron del resto de miembros de la oposición (Cs, Vox y la propia Archelós), quienes tildaron de "caos" la situación generada por las videocámaras La alcaldesa salió en defensa de Ribes y, tras elogiar su trabajo, advirtió que el verdadero problema de los comerciantes reside en la fragmentación de la ciudad a consecuencia de la implantación del Tram, que dividió Castelló "en norte y sur", subrayó.
El munícipe socialista no fue el único del Acord de Fadrell que recibió la desaprobación de la bancada rival. La titular de Vivienda, María Jesús Garrido (Podem-EUPV), también se convirtió en la diana de los reproches de la oposición, aunque consiguió aprobar su nuevo plan y la oficina Xaloc gracias al apoyo de los socios (PSPV y Compromís). Aunque no hubo momentos de excesiva tensión dialéctica, Marco tuvo que corregir al naranja Vicente Vidal por su vehemencia a la hora de protestar sobre el cumplimiento de los tiempos y ciertos comentarios durante las intervenciones.
Al contrario que en otras ocasiones, el consenso marcó mucho de los pasajes de la sesión. Más allá de las cinco declaraciones institucionales avaladas por la corporación, llamó la atención el apoyo del ejecutivo local a las mociones presentadas por el PP y Cs sobre elevar una propuesta a la Generalitat para que felicite a la Policía Local, en el primer caso, y respecto a la ampliación y mejora de la señalética vial por las nuevas medidas de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el segundo,
En relación a las citadas declaraciones institucionales, destacaron aquellas vinculadas con la no implantación de peajes en la red de autovías estatales, el origen de las bandas de música de la Comunitat Valenciana y el rechazo al desmantelamiento del Centro de Información y Coordinación de Emergencia de Castellón (Cicu). A diferencia de lo que sucedió semanas atrás en la Diputación Provincial, donde el PSPV vetó una iniciativa de su socio, Compromís, la aquiescencia reinó entre los miembros del ejecutivo local, respaldados por la oposición.
El espacio comercial más emblemático de Castelló sopla las velas de sus tres cuartos de siglo desde aquel 21 de diciembre de 1949 en que fue bendecido por el arcipreste Balaguer. Ahora afronta su más importante remodelación, que desde enero de 2026 obligará a un traslado temporal de sus puestos a una carpa en la plaza Santa Clara