Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra ha vuelto a sacar a concurso la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana. Un contrato para el periodo 2020-2023 que está dividido en cuatro lotes y cuyo importe global asciende a 21 millones de euros -sin IVA- al que, finalmente, podrán optar las empresas privadas.
El primer lote corresponde a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) ubicados en la provincia de Castellón; en concreto, en Castelló, Vinaròs y Vila-real. El presupuesto base de este contrato es de 1,98 millones de euros que se distribuyen a lo largo del cuatrienio de la siguiente manera: 52.723 euros en 2020; en este ejercicio, 650.210 euros; en 2022 el coste es de 662.961 euros; y en 2023, un total de 619.240 euros.
El segundo lote afecta a la provincia de Valencia: Alzira, Catarroja, Gandia, Lliria, Manises, Mislata, Ontinyent, Paterna, Sagunt, Sueca, Requena, Xàtiva, Bunyol y Torrent deberán contar con Puntos de Encuentro Familiar. Un total de 14 para los que se licita un contrato de 10,3 millones de euros que se distribuye en las cuatro anualidades. València capital queda excluida de este porque se corresponde íntegramente con el lote 4, que tiene una dotación de 1,3 millones de euros
Por su parte, en la provincia de Alicante, los Puntos de Encuentro Familiar deberán situarse en Alcoi, Alacant, Dénia, Elda, Elx, Sant Vicent de Raspeig, Torrevieja, Vila-joiosa, Villena y Orihuela que la Conselleria calcula que tendrán un gasto de 7,9 millones de euros.
Las entidades interesadas en el proceso podrán presentar oferta a uno, varios o todos los lotes, según consta en la licitación. Sin embargo, solo serán adjudicatarios de uno de ellos. Ahora bien, sí podrán resultar beneficiarios de más de un lote si alguno a los que presentan oferta resulta finalmente desierto porque no se selecciona a ninguna otra empresa.
La licitación, cabe apuntar, llega después de que en agosto de 2019 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anulara el primer concurso de la Conselleria de Igualdad por restringir el acceso a la licitación tan solo a las entidades sin ánimo de lucro.
Una resolución motivada por el recurso de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) junto a otras dos entidades del sector.
El TACRC consideró que no se podía excluir a las empresas en este concurso porque no se había "cumplido ninguno de los requisitos para no aplicar el principio de carácter general, consagrado en el artículo 132 de la LCSP, de prohibición de reservar contratos a entidades por su forma jurídica o por su falta de ánimo de lucro".
En aquel momento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció que sacaría un nuevo concurso siguiendo las recomendaciones del Tribunal "siempre con el objetivo de prestar la mejor atención a las personas usuarias de esta red, que debe ser un recurso social, gratuito, universal y específico para la infancia y la adolescencia".
Igualdad tramita ahora este contrato por procedimiento de urgencia dada la "carencia de medios" en los Puntos de Encuentro Familiar y la "urgencia en solucionar las mismas"; "las observaciones y reclamaciones de profesionales y usuarios en el mismo sentido"; y la "constatación del incremento de la demanda y necesidad de prestar este servicio".
En concreto, este servicio está ideado para intervenir en aquellos casos en los que existan conflictos familiares. Esto es, situaciones en las que menores de edad "estén inmersos en situaciones de crisis o ruptura familiar y así lo determine una resolución judicial o administrativa". De esta manera, el punto de encuentro familiar debe perseguir fines como: "facilitar el cumplimiento del régimen de visitas" como un derecho fundamental del menor; "Velar por la seguridad y el bienestar físico y fomentar el equilibrio psicológico y social de la persona menor de edad, de las víctimas de violencia doméstica y de cualquier otro familiar vulnerable, durante el cumplimiento del régimen de visitas"; o "proporcionar la orientación profesional para desarrollar las habilidades parentales necesarias que mejoren las relaciones familiares", entre otros.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
