Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EFE). Una de las defensas de los investigados en el conocido como caso Alquería ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por no obtener respuesta a sus recursos cuando se cumplen seis meses desde que el entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, fuese detenido.
Según han informado a EFE fuentes del caso, la queja obedece a la falta de respuesta por parte de la Audiencia Provincial a un recurso de apelación contra la reiterada negativa del Juzgado de Instrucción número 9 de levantar el secreto del sumario.
Además de Jorge Rodríguez, en junio fueron arrestados un asesor, el jefe de gabinete, el secretario-letrado asesor del consejo de administración de Divalterra y los dos directores gerentes de esta empresa pública.
Rodríguez y el resto de investigados fueron detenidos por supuestos delitos de malversación y prevaricación tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia en relación a posibles irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en la empresa pública Divalterra (la antigua Imelsa), dependiente de la Diputación.
A finales del pasado mes de noviembre el juzgado decretó una nueva prórroga del secreto del sumario, a la espera de que se materialicen algunas de las diligencias pendientes.
Entre ellas, el análisis que la UDEF debe realizar sobre los teléfonos móviles y ordenadores portátiles incautados, y cuyo análisis se llevó a cabo en Madrid el pasado 30 de octubre.
Una vez cumplimentado el trámite del volcado de información, únicamente queda que los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitan al juzgado un informe sobre el contenido de los citados aparatos, han precisado las mismas fuentes.
Estos mismos letrados han lamentado la pérdida, por parte de la policía, de las claves de los ordenadores y teléfonos móviles incautados, motivo por el cual tuvieron que pedirlas de nuevo a sus propietarios.
Las defensas han recurrido en varias ocasiones el mantenimiento del secreto de sumario por considerar que sus representados se encuentran en situación de indefensión después de cinco meses de su detención y se está vulnerando su derecho a la defensa.
El pasado 4 de diciembre, el juzgado autorizó a los agentes de la UDEF a pedir nueva documentación en la Diputación y el Ayuntamiento de Ontinyent para "recabar información que completase la intervenida en las entradas y registros autorizadas en junio", según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Jorge Rodríguez dimitió de la presidencia de la Diputación pero sigue como alcalde de Ontinyent y recientemente ha sido proclamado como candidato socialista a la reelección.
