CASTELLÓ. Ya hay confirmación oficial: la Conselleria de Agricultura lanzará la orden contra la pinyolà "esta semana o la próxima", en función de si le da tiempo a llevarla al pleno del Consell del próximo viernes, señalan fuentes de la misma. Esta medida de protección de los cultivos citrícolas, todavía por definir y a la que urgía el Comité de Gestión de Cítricos, se verá complementada con la transición hacia la convivencia entre la naranja y las abejas, que en teoría debe quedar completada en 2026.
Así lo recoge la propuesta que las organizaciones agrarias AVA-Asaja y La Unió de Llauradors, junto con la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat, presentaron a la conselleria hace diez días y que ha sido aceptada por la consellera Mireia Mollà durante la reunión que esta -acompañada del secretario autonómico, Roger Llanes, y el director general de Agricultura, Antonio Quintana- ha mantenido con aquellas en la tarde de este lunes.
El dinero, la clave
Eso sí, hacer efectiva la convivencia no será tarea fácil y el éxito dependerá de "las líneas presupuestarias" que implemente la Conselleria para facilitar las medidas que incluye la propuesta, afirma el secretario general de La Unió, Carles Peris. No en vano, como ya señaló este diario, y reconocen desde Agricultura, el primer paso es la implementación de un mapa agronómico de la Comunitat Valenciana, para después establecer "una línea de ayudas a la reconversión varietal específica" con lo que avanzar para eliminar la polinización cruzada.
Con las subvenciones se mejorarán "aspectos comerciales del sector", señala Peris, pues se fomentará "la tendencia para cultivar variedades libres de semillas o bajas en ellas independientemente del escenario productivo". Estas variedades son los triploides en los que actualmente incide el Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) y algunos de los cuales ya se comercializan y cultivan.
Asimismo, otras líneas de ayudas a los productores contemplan el enmallado de las variedades híbridas, las que fomentan la aparición de semillas, y la creación de un censo obligatorio que permita identificar, a través de GPS o chips, todos los asentamientos de colmenas.