CASTELLÓ. Al PP y Vox, los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, se les acaba el tiempo para aprobar su primer presupuesto en tiempo y forma. A poco más de tres semanas para que finalice el año, el hermetismo sobre la confección del documento y la tramitación es absoluto. Ese silencio resulta un tanto sospechoso si se tiene en cuenta que el pleno ordinario de diciembre está a la vuelta de la esquina, al haberse fijado para el jueves 21.
De acuerdo con el cronograma diseñado por la Concejalía de Hacienda, y en la línea del procedimiento habitual para elaborar el proyecto económico, todavía queda una Junta de Gobierno y dos comisiones plenarias antes de someter las cuentas municipales al filtro de la corporación. En función de la celeridad con las convocatorias, podrían pasar días o semanas hasta la celebración del pleno presupuestario.
La única certeza es que entre una comisión plenaria y otra debe transcurrir un plazo de al menos cinco días hábiles para que la oposición pueda analizar el borrador y presentar enmiendas. Así lo apuntan fuentes consultadas que recuerdan, además, que para que las cuentas entren en vigor será preceptiva una exposición pública.
Desde el equipo de gobierno se sigue insistiendo en que aún hay margen para cumplir el objetivo de validar el presupuesto de 2024 dentro de este año. La aprobación antes de concluir diciembre se considera esencial por dos cuestiones. Primero, para no verse abocado a prorrogar las últimas cuentas del anterior ejecutivo, el denominado Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU). Segundo, y como consecuencia de lo anterior, para tener maniobrabilidad inversora desde el 1 enero. Una eventual ampliación del proyecto financiero de 2023 limitaría la capacidad del Ayuntamiento, que solo podría hacer frente a los gastos corrientes y aquellas obligaciones comprometidas.
En la pasada legislatura, el ejecutivo local tuvo dificultades para cerrar el presupuesto dentro del plazo. Sin ir más lejos, hasta 2021, la aprobación del presupuesto se le atragantó al tripartito. En 2019, la crisis originada por la moción de fiestas lastró la negociación. La decisión de Compromís de alinearse con el PP y Ciudadanos provocó una ruptura de los tres socios en diciembre. Aunque semanas después las relaciones se recondujeron, la falta de sintonía resultó evidente en los siguientes meses. Sin un acuerdo real, la covid-19 acentuó la demora, por lo que el gobierno municipal tuvo que esperar hasta agosto para activar el presupuesto de ese año (190 millones).
La misma historia se repitió prácticamente en 2020, aunque el conflicto contó con otros protagonistas. El coqueteo del PSPV con Cs, al que buscó para asegurarse una mayoría, enervó a la formación valencianista y a Podem-EUPV. La posibilidad de un entendimiento rápido sobre las cuentas municipales se difuminó con el paso de los días. Además, el ciberataque agravó aún más el retraso. Tanto es así que el proyecto económico se impulsó durante el verano de 2021 (194 millones de euros).
El Partido Popular siempre se mostró muy crítico con lo que tildó como "falta de previsión" del Fadrell a la hora de validar las cuentas municipales en tiempo y forma. La demora en los dos primeros años condicionó la gestión del Ayuntamiento durante los meses iniciales del nuevo ejercicio, sin poder actuar sobre partidas distintas a los gastos corrientes.