Auditorías de infarto 

Es de justicia felicitar a Carlos Mazón por la campaña emprendida contra los gobiernos de Ximo Puig y cía a cuenta de las numerosas irregularidades contables y de procedimiento de contratación o subvención detectadas en los informes que emiten organismos de control como la Sindicatura de Comptes, la Intervención o la Agencia Valenciana Antifraude.

Felicitarle no tanto por conseguir gobernar la Generalitat sin dejar de ser oposición, como por su habilidad para lograr lo que parecía imposible, que los jugosos informes de la Sindicatura de Comptes sean noticia en Madrid y motivo de comentario en programas y tertulias de ámbito nacional. Más aún cuando estamos hablando de material reciclado que los medios de comunicación valencianos –unos con más dedicación que otros– hemos ido publicando durante los ocho años del Botànic.

Al contrario que los políticos, los periodistas tenemos un doble complejo, admito que estúpido: no nos gusta publicar noticias que ya hemos publicado –la esencia de una noticia es su novedad– y aún nos gusta menos publicar noticias que ha publicado otro medio de comunicación. Esto último lo hacemos cuando el asunto es gordo; en nuestro caso –nobleza obliga–, siempre citando el medio que lo ha destapado, cosa que en ocasiones echamos en falta cuando es a la inversa. De manera que cuando el asunto parece menor –un contrato a dedo, un enchufe, subvenciones irregulares…–, muchas veces el medio que lo denuncia se queda solo, sin ningún eco. 

Valga como ejemplo el resucitado caso de la Fundación Ellis Alicante, donde desde un principio, ya en 2020, este periódico cuestionó la cuantiosa subvención otorgada al recién constituido chiringuito de Nuria Oliver y publicamos los informes que ponían en evidencia el favoritismo de Ximo Puig hacia su comisionada en materia de Inteligencia Artificial. Incluido aquel de la Abogacía que, ya en 2021, cuestionaba que fuera una fundación privada por la cantidad de dinero público que recibía. No consta que el entonces presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se pronunciara al respecto.

Así que nada que objetar al recordatorio del hoy presidente del Consell y del PPCV, más allá de subrayar su carácter selectivo e interesado, lógico tratándose de un partido político. Es un ejercicio que deberíamos practicar más, por ejemplo en enero con los informes de la Sindicatura de Comptes –yo lo hice aquí mismo hace dos años–, que se entregan en Les Corts en vísperas de Navidad, momento poco propicio para hablar de enchufes, contratos a dedo y chiringuitos porque la gente está pendiente de la Lotería y de comprar los regalos.

Ha dicho Mazón que va a encargar una auditoría del sector público en la época del Botànic (2015-2023). Lo anunció tras enumerar un cúmulo de irregularidades detectadas: "facturas en los cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, facturas bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia". Y que llevará al juzgado cualquier presunto ilícito penal, como es su obligación.

Esto ya lo dijo en noviembre, así que quedamos a la espera de que el anuncio se traduzca en un detallado informe sobre las irregularidades, que sospecho que no serán tantas como se ha dado a entender.

Las auditorías de infarto son un clásico en la historia de los cambios de gobierno, pero luego nunca pasa nada, o casi nunca. Entre otras cosas porque los jueces de instrucción y fiscales ya no están por la labor de emplear su tiempo en ese tipo de delitos, menos aún después de algunos sonados revolcones en casos como Valmor, Alquería o el ‘pitufeo’. Algunos de estos casos partieron de informes de organismos de control.

Por cierto, ¿quién hará la auditoría? Lo lógico sería que fuese la Sindicatura de Comptes o la Agencia Antifraude, que para eso las tenemos y nos cuestan un dinero. Si es una empresa privada, tendrá que buscar que no sea una de las auditoras de cuentas del sector público valenciano en los últimos ocho años, y lo tendrá que hacer por concurso. 

Lo más curioso es que el sector público de la Generalitat, durante los gobiernos de Puig, tenía al frente a una responsable política, la secretaria autonómica María José Mira, que es una de las pocas que Mazón ha mantenido en el cargo –la cesó, pero diez días después la rescató mediante una corrección de errores en el DOGV– en el nuevo Gobierno. Por lo que debería ser ella la primera en comparecer en la comisión de investigación que se va a montar en Les Corts, por la que PP y Vox quieren que desfilen Puig y Gabriela Bravo.