BORRIANA. El Ayuntamiento de Borriana concreta los ingresos que prevé por sus terrenos en el PAI Golf Sant Gregori, en un proceso que adelantó Castellón Plaza. En concreto, el consistorio borrianense sacará a subasta el próximo año parcelas municipales valoradas en 10 millones de euros para cubrir las cuotas de urbanización del PAI que le corresponden y que comprenden esa misma cantidad. Así lo ha confirmado este miércoles la concejala de Hacienda, Cristina Rius, durante la rueda de prensa telemática de presentación del presupuesto municipal para 2021, que ascenderá a 38,7 millones de euros.
Con la venta de esas parcelas municipales, el consistorio pretende evitar ese pago de 10 millones de euros. En un principio, el Ayuntamiento calcula que subastará unos 78.000 de los 250.000 metros cuadrados de suelo que posee en el PAI, ya que el resto es dotacional, pero la extensión exacta todavía no está definida.
En principio, la enajenación de esos solares está prácticamente garantizada, porque la propia empresa promotora del PAI, Urbanizadora Golf Sant Gregori, ha ofrecido al consistorio un convenio para adquirirlas en subasta con una valoración económica de entre 80 y 100 euros por metro cuadrado de techo, según señalan fuentes municipales. Si no se vendieran esas parcelas, el consistorio pagaría sus cuotas de urbanización en terrenos, algo que permite la ley.
Una vez se materialice la venta de esos solares a lo largo de 2021 y se cubran esos 10 millones en cuotas de urbanización, lo más probable es que el consistorio de Borriana enajene con posterioridad el resto de parcelas que le corresponden para sacar un alto rendimiento económico.
La empresa promotora adjudicó a finales de noviembre las obras de urbanización del PAI a la firma castellonense Durantia y a la alicantina CHM. La oferta reduce los costes de urbanización previstos a 86 millones de euros (IVA excluido) e incluye el campo de golf y las dotaciones para alzar entre 6.000 y 7.000 viviendas.
Eso sí, un mes después todavía no se ha producido la firma del contrato entre la UTE y la promotora que debe dar el último paso para acometer estas obras de urbanización, que tienen una duración prevista de tres años.
La mercantil ya notificó el pasado mes de septiembre el desalojo de las últimas viviendas que permanecían ocupadas en el ámbito del PAI a sus 63 moradores. También tramitó el preceptivo informe ambiental y territorial estratégico favorable para incluir el uso hotelero en la zona residencial del macroproyecto y así posibilitar la construcción de hoteles en la zona.