Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El Grupo Municipal Popular ha presentado una batería de alegaciones contra la decisión del gobierno municipal de PSOE y Compromís de derribar la cruz del parque Ribalta. Para su portavoz, Begoña Carrasco, “estamos ante un abuso de poder y una incorrecta aplicación de la legislación de memoria histórica mediante la que el gobierno bipartito trata de lograr un objetivo que no puede tener amparo en esa legislación”.
“Ya sabemos que el derribo de la cruz es el proyecto de ciudad de Compromís, como así lo ha manifestado la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, en el último pleno ordinario de la legislatura. Un intento más de utilizar torticeramente y de ignorar a conciencia el acuerdo municipal histórico que tuvo lugar hace 40 años en la ciudad de Castellón, donde se resignificó la cruz en homenaje a todas las víctimas de la violencia, sin partidismos, ideologías o exaltaciones de ningún tipo”. Así lo ha manifestado la portavoz popular en referencia al acuerdo municipal adoptado el 31 de mayo de 1979 por el pleno de la Corporación surgida de las primeras elecciones democráticas.
Dicho acuerdo, además de la citada resignificación, contempló, y así se hizo, la eliminación de los elementos de exaltación que en su origen formaron parte del conjunto monumental. “La cruz del Ribalta sí se ajusta a la ley”, manifiesta, de nuevo, Carrasco.
Tanto la eliminación de la cruz del Ribalta como el topónimo Castelló de la Plana, en opinión de la edil popular, “son dos decisiones unilaterales, impuestas de espaldas a la mayoría social de castellonenses. Nadie se lo ha pedido, sin embargo, su campaña en contra de la cruz sólo ha servido para generar crispación y enfrentamiento en la sociedad”.
“El expediente al que se aferra el gobierno municipal de PSOE y Compromís, con el que se pretende retirar la cruz del Ribalta, carece por completo de fundamento y coherencia. Es un intento más, a la desesperada, de poner el foco en lo que ya arreglaron nuestros antepasados, de remover innecesariamente el pasado, sin que el gobierno se de cuenta de que aferrarnos al pasado impide mirar hacia el futuro”, asegura Carrasco.
Y concluye que “las leyes de memoria histórica estatal y autonómica no hacen sino obligar, una en el año 2007 y la otra en el año 2017, a algo que los representantes políticos de la ciudadanía castellonense que constituyeron aquella primera corporación democrática ya hicieron por puro y firme compromiso democrático”.
Asimismo, Carrasco asevera que un juzgado “ha parado los pies” al equipo de gobierno de Amparo Marco, ya que ha dictado medidas "cautelarísimas" por las que "congela las partidas del presupuesto municipal previstas para tal fin, y que ascienden a 80.000 euros”, poniendo de manifiesto -según considera la edil- “el sectarismo y la falta de respeto a las decisiones del conjunto de los castellonenses, y llevando al consistorio a un nuevo conflicto judicial, de los múltiples que han tenido lugar ya en esta legislatura, caso del cambio del topónimo al valenciano, la elección del director de la banda de música, la aprobación del presupuesto, el despido del anterior presidente de la Junta de Fiestas o ahora la cruz del Ribalta”.
