CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló arrastra retrasos de contratos de servicios por valor de 21 millones de euros debido a los recursos. Expedientes como el mantenimiento de edificios y dependencias municipales o la limpieza de los 40 colegios siguen sin adjudicarse más de un año después de arrancar las licitaciones. No son los únicos que se encuentran en esta situación. El chequeo de los 1.25O funcionarios vuelve a la casilla de salida al haber decidido el Tribunal Administrativo Central (TAC) retrotraer el procedimiento al momento de la redacción del pliego de prescripciones técnicas y administrativas.
En los tres casos, la interposición de reclamaciones por parte de las concurrentes impide avanzar de acuerdo con los plazos establecidos en las bases. Al sucederse las denuncias, los concursos no acaban de despegar, lo que repercute negativamente en las previsiones económicas del consistorio. Más allá de lastrar las financiaciones plurianuales, la imposibilidad de culminar las tramitaciones obliga a asumir gastos extraordinarios con el fin de garantizar la prestación de los servicios, que se prorroga fuera de contrato a las anteriores concesionarias pese a haber expirado la vinculación laboral.
Solo con la limpieza de inmuebles y centros educativos el Ayuntamiento paga más de 300.000 euros mensuales por lo que se conoce como Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC). Ambos contratos, de 6,6 millones de euros y 15 millones, respectivamente, están pendientes desde finales de 2019, cuando la Plataforma de Contratación del Estado publicó por primera vez las licitaciones.
Según explican fuentes municipales, la reiteración de recursos se debe a la modificación de la ley de contratos públicos, aprobada en 2017 y que entró en vigor hace dos años. Al dotar a las empresas de nuevas herramientas, abaratando los costes de las alegaciones, resulta mucho más sencillo objetar ante el TAC, que suele estimar parcial o totalmente las reclamaciones, incluso de forma continuada. Valga como ejemplo el mentado expediente sobre la limpieza de dependencias municipales, que acumula dos recursos. El primero, de Eulen en la licitación de 2019, y el segundo, de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cointer-Rasa tras relanzarse el concurso en 2020, que concluyó con la adjudicación en favor de Servicios del Levante (Salesa).
En su demanda, la UTE pide la anulación del proceso por irregularidades en la fase de la valoración de las plicas. Así, señala que la mercantil ganadora "vulnera el principio de secreto de las propuestas" y presenta una oferta "anormal". El Tribunal Central todavía no se ha pronunciado, de manera que la tramitación permanece estancada.
Por lo que respecta al contrato de las colegios, después de reajustarse algunas cláusulas por una denuncia de Samyl, la Mesa de Contratación analiza en la actualidad las ofertas presentadas por FCC Medio Ambiente, Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, Optima Facility Services, Servicios Integrales de Limpieza NET, Clece y OHL Servicios Ingesan, que pugnan por el servicio, con una duración de tres años, ampliable a otros dos.
El último expediente denunciado obedece a la fiscalización de los puestos de trabajo para acometer una reestructuración interna y cuyo importe asciende a 125.000 euros. El recurso de Daleph Iniciativas y Organización obliga al Ayuntamiento a revisar las bases y volver a lanzar el expediente, con la consiguiente dilación para resolver la baremación de las concurrentes. Aunque la cuantía es ostensiblemente inferior a otros contratos impugnados, para el Acord de Fadrell tiene una especial relevancia, ya que se trata de adaptar la plantilla de funcionarios al organigrama del equipo de gobierno, compuesto por 15 concejalías.