Castelló cambiará las bases para la concesión de vivienda social y establecerá criterios de renta

CASTELLÓ. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló establecerá unas nuevas bases para la concesión de vivienda social, que afectarán a los futuros inquilinos y a los pisos propiedad municipal que queden libres a partir de aprobarse los cambios respecto a la antigua ordenanza.

Con el propósito de regularizar los inmuebles, los pliegos primarán el alquiler en función de la renta de los arrendatarios, que pagarán un precio conforme a su situación económica y que, del mismo modo, determinará la duración del contrato. La medida, además de garantizar un mayor control en la gestión de las 227 viviendas que integran la bolsa, beneficiará a aquellas familias más frágiles.

En la actualidad, el reglamento no contempla ninguna modalidad concreta, de manera que el alquiler social se convierte en una cesión gratuita, sin considerar otros parámetros como criba para evitar algunas de las irregularidades detectadas.

En las últimas tres semanas el consistorio ha recuperado dos pisos que estaban desocupados y cuyo titular no hacía uso como primera residencia. La mayor fiscalización de los inmuebles se ha convertido en una prioridad para la Concejalía, hasta tal punto que, una vez entren en vigor los presupuestos de 2020, impulsará la externalización del servicio al objeto "de poner orden y garantizar el derecho a la vivienda de los colectivos vulnerables", según explicó la edil María Jesús Garrido días atrás. El contrato será plurianual, con un gasto al año de alrededor de los 200.000 euros. 

Cabe señalar que la Oficina Municipal de Vivienda tiene una lista de espera de 300 personas, lo que hace más necesario desarrollar acciones que contribuyan a aumentar la coordinación entre los agentes implicados con la aspiración de incrementar la eficacia.

Un objetivo definido

Todas estas iniciativas pretenden allanar el camino a la futura empresa pública, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2023. Al menos, esa es la pretensión del equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Podem-EUPV), que recoge numerosas medidas en materia de vivienda en el documento de gobernanza del Acord de Fadrell. Entre ellas, destacan reforzar la citada oficina municipal, ampliar el parque público y promover un plan que especifique las actuaciones de atención a la emergencia habitacional.

Otros compromisos se refieren a la necesidad de fomentar la colaboración entre negociados para el desarrollo de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la Comunitat Valenciana. El principal objetivo de la norma reside en "regular el derecho a disfrutar de una vivienda asequible, digna y adecuada". Esos principios guían al Ayuntamiento de Castelló hacia una nueva estrategia con la finalidad de obtener resultados a medio plazo.