CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló reduce a 26 los recursos Contencioso-administrativos contra el Plan General (PG) en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). A excepción de uno, que solicita la anulación, ninguno pone en peligro el planeamiento urbano que entró en vigor en diciembre de 2022.
De los procedimientos abiertos, 13 hacen referencia al Estructural (calificaciones de suelo) y el resto corresponde al Pormenorizado (características de uso). La idea del equipo de gobierno estriba en minorar todavía más ese número de litigios, ya que, desde el cambio de signo político, se ha logrado desactivar seis procedimientos de los inicialmente 32 después de la aprobación del PG en noviembre de 2022.
"Lo que ha faltado hasta ahora es diálogo. Hemos hablado con muchos afectados, que han desistido tras llegar a un acuerdo. La solución es negociar con las personas", subraya el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo.
En las 16 alegaciones que se formalizaron contra el Pormenorizado, se contabilizaron 10 particulares, otra de la AAVV Sant Joan del Riu Sec y 10 de mercantiles. En el caso de estas últimas, destacaron empresas como Sacmi Iberia, Rallo Inmuebles, Pladym o TAU. Todas objetaron sobre el desarrollo de sus unidades de ejecución al considerar que "generan un perjuicio para sus actividades", según figuró en las notificaciones presentadas por registro municipal.
En cuanto al colectivo vecinal, reclamó una revisión del denominado Sector SR-6 Crèmor. En el escrito de más de 120 páginas, solicitó que se modifique la clasificación de suelo urbanizable en algunas parcelas con el fin de preservar los masets por su interés patrimonial.
Los 16 recursos al Estructural, que se presentaron un año antes, plantearon la necesidad de modificar algunas calificaciones de determinantes unidades de ejecución. Entre los reclamantes, según explicó en su día el anterior ejecutivo local, se encontraban el Ayuntamiento de Borriol, por "desajustes y errores entre los límites de ambos municipios"; la Agrupación de Interés Urbanístico Gran Vía, por la 10 EU-R; y Pescados Fabregat y Pesfasa Patrimonial, por la afección al camino Viejo del Mar del Grau.
Toledo, a instancias de los técnicos municipales, confía en que ninguno de los Contencioso-administrativos genere una especial incidencia sobre el Plan General. Dicho de otra manera, puedan cuestionar la validez jurídica del marco legal y que ha permitido al bipartito (PP y Vox) activar distintos sectores para construir viviendas en el último año. El más importante obedece al plan parcial de Censal, una amplia pastilla de 150.000 metros cuadrados en suelo urbanizable.
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El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.