Imagen de archivo de uno de los últimos plenos antes de la crisis sanitaria. Foto: Antonio PradasCASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló trabaja contra reloj para retomar los plenos por vía telemática a partir de mediados de abril. Coincidiendo con el final del último Real Decreto-ley que restringe la actividad a los sectores no esenciales, el Acord de Fadrell prevé tener la suficiente garantía y seguridad con vistas a celebrar la primera sesión de la historia por videoconferencia, siguiendo así los pasos de otras instituciones públicas, como la Diputación Provincial.
Ahora mismo no hay una fecha definida encima de la mesa, pero sí que existe el convencimiento de que no será necesario apurar hasta el último jueves de mes, día elegido por la corporación para celebrar su convocatoria mensual de forma regular.
La voluntad del equipo de gobierno estriba en organizar la sesión plenaria entre la próxima y la siguiente semana. Primero, porque para entonces el departamento informático habrá resuelto las dificultades técnicas que ahora impiden emplear la videollamada como recurso. Segundo, porque la crisis sanitaria derivada del Covid-19 obliga a aprobar cuanto antes medidas extraordinarias.
En este sentido, cabe advertir lo imperativo de recuperar una cierta normalidad acerca de la actividad parlamentaria para asegurar el pago a los proveedores a través de lo que se conoce como REC (Reconocimientos Extrajudiciales de Créditos). Dicho de otra manera, facturas que corresponden a prestación de servicios fuera contrato por haber finalizado la adjudicación y que está pendiente de un nuevo proceso de licitación, paralizado en la actualidad a consecuencia de la emergencia.
La posibilidad de reemprender de manera virtual la rutina acerca de los plenos, independientemente de su carácter ordinario o extraordinario, también tiene su importancia por la aprobación del presupuesto de 2020.
Desde que se decretara el estado de alarma, las distintas concejalías están rediseñando sus partidas para priorizar el Plan Marshall municipal que permita, una vez superado el Covid-19, reactivar la economía local. Si bien es cierto que el capítulo 6, referido a inversiones, ofrece grandes posibilidades (30 millones de euros con los remanentes de 2019), el calado de algunos de los principales proyectos obliga a buscar un equilibrio para que las ayudas a las familias, autónomos o pymes resulten compatibles con el crecimiento de Castelló.
El Plan General se vislumbra como una herramienta esencial para contribuir a la reactivación de los distintos sectores. Tanto la alcaldesa, Amparo Marco (PSPV), como otros referentes del gobierno (Ignasi Garcia, de Compromís, el último) llevan tiempo advirtiendo sobre la oportunidad para atraer inversiones que supone contar con un ordenamiento jurídico acorde a la realidad urbanística.
Las normas transitorias de urgencia del Consell no son más que un parche. Sin posibilidad de recalificar suelo y con las limitaciones propias de un precepto eventual, los grupos empresariales se ven completamente atados a la hora de considerar la ciudad de Castelló dentro de su estrategia de expansión.
