CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se marca como objetivo limpiar, antes de acabar la legislatura, los más de 4.500 solares privados en estado de abandono o semiabandono que se localizan en suelo rústico. La Concejalía de Reciclaje y Gestión de Residuos Urbanos intensifica las notificaciones a los propietarios para avivar el ritmo de desbroce y adecentado. En apenas ocho días, el negociado de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente acumula hasta 19 avisos en la web municipal.
Según los datos que maneja el equipo de gobierno, entre un 20 y un 25% de las parcelas agrícolas representan un peligro para la salud pública. El amontonamiento de maleza o de basura convierten estos terrenos en una amenaza. El informe de Buscatierras, encargado por Transición Ecológica para censar las fincas, determina que el grueso de esos campos se sitúan en las zonas Norte y Este de la ciudad.
Solo en suelo rústico existen alrededor de 19.000 parcelas, con independencia de su situación, aunque la cantidad resulta ostensiblemente superior si se contabilizan también aquellas que se encuentran en suelo urbano. En este sentido, la Concejalía de Gestión de Residuos Urbanos desarrolla un proyecto piloto, que consiste en controlar los solares a través del espacio.
Una empresa vinculada a la Universitat de València recoge las fotografías que captan los satélites cada vez que orbitan alrededor de Castelló. A partir de las imágenes, se aplica un software que analiza la parcela, lo que permite geolocalizar aquellas que presentan un estado de abandono. Los datos obtenidos se cruzan con el catastro para identificar al propietario.
En una primera estimación, se cree que existen más de 2.000 terrenos sobre suelo urbano. Eso significa que en realidad son más de 6.500 fincas las que el Ayuntamiento aspira a que se limpien antes de mayo de 2023. Al menos, una vez.
Para cumplir ese objetivo, la Concejalía que dirige Ignasi Garcia adjudicó en 2021 a la empresa Jujosa un contrato de limpieza de parcelas privadas que se prolongará hasta febrero de 2024 si se ejecutan las dos prórrogas. La inversión asciende a 450.000 euros y la prestación implica actuar sobre superficies cuyos propietarios hacen caso omiso a las notificaciones. El servicio, una vez realizado, debe ser asumido por el propio titular del solar, al que se le envía la correspondiente factura.