CASTELLÓ. El Acord de Fadrell ultima el proyecto urbanístico para la retirada la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. De hecho, confía en aprobar la licitación por Junta de Gobierno Local antes de acabar el mes. Así lo asegura el portavoz del ejecutivo, José Luis López, quien recuerda que la actuación, cifrada en unos 80.000 euros, consiste en eliminar el monumento para restituir la zona ajardinada que "existía antes de su colocación", señala.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló acordó este jueves personarse como demandado en el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Asociación Abogados Cristianos. Con ello, podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el auto que imposibilita continuar adelante con la tramitación administrativa para el derribo. El pasado 23 de septiembre la jueza estimó la medida cautelar, ordenando la paralización del decreto firmado por la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, el pasado 26 de julio.
No es el único litigio al que se enfrenta el consistorio por la cruz. Según explica Vox en un comunicado, el juzgado ha admitido a trámite su alegación en contra de la retirada de la cruz. La formación de extremaderecha precisa en su amplia exposición de motivos que, "despojado de su simbología franquista originaria", el lábaro no contraviene las disposiciones legales sobre Memoria Democrática por su naturaleza espiritual.
La argumentación se asemeja a la expuesta por Abogados Cristianos, quien advierte que "la retirada o supresión" de la cruz "vulnera el derecho a la libertad religiosa", como así recoge el auto. En este contexto, la presidenta, Polonia Castellanos, insiste en que "la decisión de retirar el monumento es puramente ideológica y, de llevarse a cabo, causaría un daño irreparable".
Por el contrario, el equipo de gobierno se remite a la recomendación de Calidad Democrática para buscar el amparo judicial a través del requerimiento ante el TSJCV. "Siempre hemos defendido que, en base a un informe, se nos instaba a iniciar el expediente. Seguiremos todos los pasos y la justicia resolverá", concluye López.
Ante este panorama, todo hace indicar que el conflicto se alargará en el tiempo. En la anterior legislatura, la judicialización del expediente representó un obstáculo insalvable para el ejecutivo local. De hecho, la edil de Cultura ni siquiera tuvo la ocasión de firmar el decreto de ejecución del proyecto urbanístico.