CASTELLÓ. "Tenemos un acuerdo firmado con Vox. Del punto del pacto de gobierno no nos vamos a salir". Con estas declaraciones, el portavoz municipal, Vicent Sales (PP), apagó el pasado jueves el enésimo conato de incendio en el gobierno local sobre la cruz de Ribalta. El partido de extrema derecha, al conocer la decisión del Ayuntamiento de Castelló de oponerse a la petición de Abogados Cristianos de ejecutar provisionalmente la sentencia (restituir el lábaro), había vuelto a insistir días antes en colocar de nuevo una cruceta en el parque.
Desde que en junio de este año el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de la capital de la Plana declarara nulo el decreto de retirada, el pulso entre los dos socios no tiene fin, sin tampoco llegar a una situación de tensión que amenace con ruptura. Hasta ahora, el Partido Popular siempre se ha escudado en dos cuestiones para contener a Vox. Por un lado, en que el fallo no es firme. Por otro, en que el citado punto de gobernanza (el número 70) elude el tema de la cruz y simplemente alude "a colocar en un lugar relevante de la ciudad una escultura o monumento que honre la memoria y mantenga el recuerdo a las víctimas de la violencia".
Aunque este último argumento es el que más utiliza el PP (y sus concejales) cada vez que se le interpela públicamente, el verdadero motivo para no tomar una decisión estriba en el proceso judicial, que sigue abierto con los recursos de Intersindical y el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) analiza desde julio los dos escritos contra la sentencia dictada por la jueza de lo Contencioso-administrativo número 2.
Si se toma como referencia el anterior litigio por la cruz, todavía habrá que esperar unos meses para conocer la decisión del TSJCV, que en cualquier caso podría ser recurrida por una de las partes ante el Tribunal Supremo. Hace dos legislaturas (en 2017), el ejecutivo formado por el PSPV y Compromís inició el primer expediente para retirar el lábaro de Ribalta. En marzo de 2019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló aceptó la alegación de Abogados Cristianos y estableció unas medidas cautelarísimas de paralización.
Como consecuencia, el equipo de gobierno elevó la causa ante el Tribunal Superior de Justicia para levantar la suspensión. El máximo órgano judicial tardó unos siete meses, aproximadamente, en tomar una decisión tras el recurso del Ayuntamiento en junio de 2019.
Ahora, el TSJCV vuelve a tener encima de la mesa el caso de la cruz de Ribalta, aunque está por ver qué efectos tendrá sobre los plazos la carga administrativa derivada de la tragedia de la Dana de Valencia. Hasta que no resuelvan los recursos de Intersindical y el Grup per la Recerca, el pulso entre el PP y Vox sobre qué hacer con la cruceta no irá a más.
El anterior ejecutivo local, en su segunda intentona, sacó el aspa del parque el 4 de enero de 2023. Lo hizo en aplicación de la ley 14/2017 de memoria democrática y ante una fuerte polémica. La tensión, con voces a favor y en contra, marcó una jornada que concluyó de madrugada con la colocación del lábaro en la explanada de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva.