Imagen de archivo del centro de Castelló. Fotos: Antonio PradasCASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló contempla la posibilidad de solicitar una tercera prórroga de las normas transitorias urbanísticas de urgencia si persiste el actual bloqueo del Plan General (PG), que hace peligrar su aprobación antes del 1 de abril de 2021, fecha en que finalizará la moratoria concedida por el Consell el 28 de diciembre de 2018.
Ni el consistorio ni la Conselleria de Medio Ambiente se atreven a dar plazos sobre la evaluación ambiental de la parte estructural, documento clave para impulsar la tramitación administrativa. La complejidad técnica, que obliga a hacer un encaje de bolillos entre varias instituciones, como la Confederación Hidrográfica del Jucar (CHJ), supone un grave contratiempo.
Tanto que el propio portavoz del gobierno local, Rafa Simó, se cuestiona en voz alta la confusa burocracia para dotar a un municipio con un marco jurídico. "Cuando el periodo mínimo para aprobar un Plan General es de 12 años, hay algo que no se hace bien. Hay que hacer una reflexión de cómo es posible que se necesite este tiempo. Al final inicias un planteamiento urbanístico con unas necesidades y 12 años después no se sabe si verdaderamente dan respuesta a esas necesidades", asegura.
No obstante, Simó se muestra optimista respecto a la declaración ambiental y cree que la Conselleria no tardará en pronunciarse, más cuando la colaboración entre los funcionarios de las administraciones implicadas es muy fluida. "Lo que se están perfilando son temas más técnicos que políticos. Las reuniones son semanales, en algunos casos presenciales, en otros por WhatsApp o a través del Skype", señala.
El Consell autorizó por primera vez unas normas transitorias de urgencia para Castelló en 2012 tras anular el Tribunal Supremo el PGOU del Partido Popular. El 2 de marzo de 2015 concedía una ampliación hasta diciembre de 2018, un intervalo que en ese momento el equipo de gobierno consideraba suficiente para completar los distintos trámites del PG. Sin embargo, el tiempo jugó en contra del Pacte del Grau, que pidió un segundo aplazamiento, con fecha de vencimiento 1 de abril de 2021.
Según los cálculos habituales para un informe ambiental, Conselleria debería haber resuelto en seis meses, esto es, finales de noviembre del pasado año, desde la recepción del documento (29 de mayo de 2019). Todo hacía indicar que así sería, sobre todo después del compromiso de la consellera Mireia Mollà en octubre, hasta que el portavoz del ejecutivo local reconoció precisamente en la fecha prevista que el documento se demoraría por algunos ajustes técnicos.
Desde entonces, tanto los representantes del Ayuntamiento de Castelló como de Medio Ambiente han evitado hablar de nuevos plazos, abanderando la prudencia en sus manifestaciones cada vez que se les ha interpelado por la evaluación.
