CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha respaldado este jueves la dimisión del hasta ahora concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, una renuncia que ha calificado de "personal, reflexionada y tomada a conciencia" después de la reapertura de diligencias judiciales en la Audiencia Provincial de Castellón por las supuestas multas impagadas de aparcamiento en la zona azul. Carrasco ha puesto el acento en el carácter voluntario de la decisión y en el impacto que, a su juicio, evita sobre el equipo de gobierno y el Partido Popular. "Implica responsabilidad y generosidad para no perjudicar al equipo, ni a mí ni al partido", ha señalado, al mismo tiempo que ha agradecido "el trabajo de gestión" realizado por Ramírez al frente de la concejalía y lo ha diferenciado del "error admitido" por el ya exedil. La primera munícipe ha defendido además que ni Ramírez ni el departamento de Alcaldía tienen constancia formal de la reapertura de la investigación y ha pedido "celeridad y rapidez" a la justicia, convencida de que el procedimiento "se archivará como las veces anteriores".
En el plano orgánico, Carrasco ha avanzado una reordenación temporal de las competencias tras la salida del concejal. De momento, el edil de Urbanismo, Sergio Toledo, asumirá las competencias de Movilidad mientras se activa el relevo en el acta municipal. Así, según el orden de la lista electoral, Gonzalo Romero, concejal entre 2007 y 2015, tomará posesión en el próximo pleno ordinario. La alcaldesa ha definido a Romero como "un conocedor de la casa" y del que espera "un buen trabajo". El trámite requiere la comunicación a la Junta Electoral para la expedición de las credenciales, con el objetivo de que el pleno extraordinario convocado para este viernes formalice la dimisión de Ramírez. En este contexto, Carrasco ha elevado el tono frente a la oposición y ha rechazado aceptar "lecciones de ética de quienes tenían familiares en la Agencia de Colocación municipal" —en referencia a la portavoz del PSPV, Patricia Puerta— "o en un programa propio de empleo para personas vulnerables" —en referencia al portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.
El Ayuntamiento "no forma parte del procedimiento ni está investigado"
Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha insistido en que el Ayuntamiento de Castelló no ha sido notificado de ninguna actuación judicial porque "no es parte del procedimiento, ni está personado, ni investigado". En esa línea, el concejal popular ha explicado que el consistorio recaba la documentación que acredita que las sanciones "no constan en la Oficina de Recaudación", una información que facilitará "si alguien la solicita". Sales ha subrayado que ni los servicios jurídicos ni la Alcaldía han recibido comunicación alguna y ha defendido que Ramírez "es consciente de que cometió un error y pidió disculpas", en un contexto que el portavoz atribuye a una "persecución política" sostenida por la oposición. "Ha estado en el ojo del huracán; todas las denuncias anteriores se han archivado", ha añadido antes de agradecer una dimisión que, a su juicio, evita un desgaste mayor "en un país donde no dimite nadie por cosas más graves".
- El portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales.
La renuncia de Ramírez llega después de que la Audiencia Provincial ordenara a finales de enero reabrir la investigación sobre las supuestas multas de estacionamiento impagadas tras estimar un recurso del PSPV contra el sobreseimiento provisional acordado en diciembre de 2024. El tribunal consideró "llamativo" el elevado número de denuncias prescritas y ordenó nuevas diligencias para aclarar los hechos y valorar una eventual relevancia penal. Ramírez, que pidió disculpas en el pleno y defendió haber abonado las sanciones pendientes, justificó su salida este miércoles para poner fin a lo que describe como una "campaña rastrera y desmedida", proteger su salud mental y dejar al margen al gobierno y al partido. Desde la oposición, el PSPV y Compromís vincularon la dimisión a la reapertura de la causa y la calificaron de "tardía y motivada por la presión política", mientras el ejecutivo local cierra filas en torno a una decisión que presenta como "un ejercicio de responsabilidad personal".
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