CASTELLÓ. El quien fuera director general de la sociedad pública gestora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), Juan García Salas, ha testificado este martes en el juicio del llamado 'caso Aerocas' sobre los contratos de patrocinio que la entidad firmó con el ex piloto Álex Debón y su sociedad Motorsport69. García Salas ha declarado que era él quien llevaba "el día a día" del aeropuerto y que el contrato con el deportista "se firmó porque había un acuerdo entre la Generalitat y Aerocas para sustituir algunos patrocinadores por temas más locales". "Eran (Carlos) Fabra y (Gerardo) Camps quienes deciden que las motos se van a patrocinar con el aeropuerto", ha manifestado. Gerardo Camps -que también ha testificado este martes- era entonces consejero de Aerocas por su cargo de presidente de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y exconseller de Economía. No obstante, ha asegurado que tanto el contrato como la cantidad le vino dada, que no recuerda quién le envió el contrato, pero que era una "orden" de Fabra en "acuerdo" con la Generalitat. Asimismo, se ha referido a la "urgencia" por firmarlo, puesto que debía inscribirse a tiempo para el campeonato y que fue después cuando se llevó a aprobación del Consejo de Administración de Aerocas. 

El 'caso Aerocas' juzga desde este lunes al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y al ex piloto Álex Debón, ambos como acusados de cohecho por presuntas irregularidades en el patrocinio del aeropuerto de Castellón cuando Fabra presidía la sociedad pública. Según el ministerio público, Aerocas firmó varios contratos de patrocinio deportivo con el piloto Álex Debón y una sociedad de éste por los que el ex deportista y su empresa recibieron 3.653.000 euros entre los años 2009 y 2014 (los contratos se firmaron previamente, para las temporadas de 2009, 2010 y 2011). La fiscal del caso asegura que, como "contrapartida" a dichos contratos de patrocinio, Álex Debon transfirió a Carlos Fabra 360.000 euros. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de delito de cohecho y solicita tres años y tres meses de prisión y un multa de 6.480 euros para cada uno de los dos acusados por delito de cohecho. La Abogacía de la Generalitat -que representa a Aerocas- mantiene la misma tesis y reclama el 'reintegro' de los 360.000 euros que, según su tesis, no se destinaron a patrocinio, sino que fue un "pago por recompensa" a Fabra. 

En el juicio, la defensa del ex político castellonense se cimenta principalmente en tres puntos: las transferencias de dinero de Debón a Fabra son préstamos privados entre ambos ("negocios jurídicos lícitos"); Fabra "carecía de capacidad de decisión" en los contratos de patrocinio porque "era un consejero más" y "solo tenía un voto" de los doce que conformaba el Consejo de Administración y, por lo tanto, "Fabra no es autoridad y sin autoridad, no hay cohecho"; y que el dinero de Aerocas era "privado"  aunque procediese íntegramente de la Administración porque era una SL. 

Los consejeros de Aerocas niegan que ellos negociaran el contrato

No obstante, ninguno de los diez ex consejeros de Aerocas que han testificado en los dos primeros días del juicio han manifestado haber tenido algún tipo de negociación o intervención en los contratos de patrocinio con Debón. Tan solo dos han manifestado ante el tribunal y el jurado popular que Carlos Fabra era "un consejero más" (lo afirmó quien fue su número 2 en la Diputación, Francisco Martínez) y que Fabra "no tomaba la decisión por sí mismo, se votaba" (lo ha manifestado este martes Vicent Aparici, también ex vicepresidente de la Diputación con el ex mandatario popular y prácticamente el único que se ha definido en el juicio como su "amigo").

En concreto, este martes han comparecido en calidad de testigos como exmiembros del consejo de administración de Aerocas: Gerardo Camps, José Luis Villanueva, Ricardo Bayona, Vicent Aparici, Vicente Rambla y Victoriano Sánchez. A preguntas de si participaron o negociaron algún término de los contratos, han respondido con afirmaciones como: "ninguna"; "en absoluto, ni directa ni indirectamente"; o "no, de ningún tipo". También Vicent Aparici (quien ha asegurado que "nadie tomaba la decisión por sí mismo", sino que las decisiones "se votaban") ha respondido con un "en nada" a la pregunta de si intervino en algo en dicho contrato. 

Así, la práctica totalidad ha asegurado que el Consejo de Administración, cuando se reunía, unicamente "ratificaba" o "se daba cuenta" de los contratos ya previamente firmados. Algunos exconsejeros, como Rambla, han declarado además que los contratos (cuando llegaban al consejo) "ya había desplegado su virtualidad y una vuelta atrás hubiera generado daños y perjuicios". 

Por su parte, el ex director general de Aerocas, García Salas, ha asegurado que fueron Gerardo Camps y Carlos Fabra quienes decidieron el patrocinio y que "llegó" un contrato. "Nos llegó un contrato que se llevó a la asesoría para su revisión (...) Lo firmamos de forma previa al consejo de administración porque había mucha urgencia para su inscripción en el campeonato", ha dicho. Posteriormente, se aprobó "por unanimidad" por el consejo de Aerocas. No obstante, García Salas ha declarado que "no hubo ninguna negociación". Así, ha explicado que fue "el presidente (de Aerocas)" quien le "transfiriró la orden" de que habían "acordado con la Generalitat" que los contratos de patrocinio iban a ser con el logo del aeropuerto y no con otras imagenes como, por ejemplo, la de Terra Mítica.   No obstante, no ha señalado en ningún momento quién le pasó el contrato: "Alguien me mandó un borrador de contrato, yo lo mandé a la asesoría externa, me lo dieron, le dieron el conforme de legalidad (...) y la cantidad me vino también definida, no hubo negociación de ningún tipo", ha declarado. 

Preguntado de nuevo por la fiscal por quién le dio el contrato, Salas ha dicho: "No puedo recordarlo, supongo que alguien de la Generalitat", en referencia a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.

Previamente, Gerardo Camps - que había testificado por videoconferencia- ha asegurado ante el tribunal que no tuvo "ninguna" intervención en el contrato de patrocinio y que a los consejos de administración de Aerocas "se llevaban las decisiones que se habían tomado previamente".

Por otro lado, este martes, y a propuesta del Ministerio Fiscal, ha declarado una inspectora de Hacienda que ha indicado que el contrato privado que aportó Debón a Hacienda por los préstamos le "llamó la atención" por varias carencias o características que no poseía y suelen figurar en estos contratos. En este sentido, ha dicho que, entre otras cuestiones, "era sumamente escueto, no estaba pasado por notario y, en las estipulaciones, las partes no se reconocen como prestamista y prestatario y la fecha en la que se firma es posterior a cuando se tenían que hacer las entregas". Sin embargo, a preguntas de la defensa de Debón, ha reconocido que un contrato privado no tiene obligación de contar con esos extremos.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía de la Generalitat (que ven cohecho en las transferencias) y las defensas de Fabra y Debón (que lo niegan y hablan de préstamo impagado) han elevado a definitivas las conclusiones provisionales y este miércoles procederán a exponer su informe ante el jurado popular para que, posteriormente, el magistrado-presidente de la Audiencia entregue a los miembros del jurado el objeto del veredicto para el inicio de la deliberación.