Hay que tener la cara muy dura para perpetrar una nota de prensa como la que lanzó La Moncloa el pasado miércoles tras la vista de una hora que le concedió Pedro Sánchez al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El titular era un relato de algo que no ha ocurrido (las cursivas son mías): “El Gobierno ratifica su apoyo a la C. Valenciana y mantiene la mano tendida para continuar trabajando de forma coordinada con la Generalitat y el resto de administraciones en la reconstrucción”.

Pero el subtítulo era simplemente un bulo: “Pedro Sánchez propone a Pérez Llorca la creación de una Comisión Mixta que prosiga con esa labor de coordinación...”. Una cosa es ganar el relato y otra mentir.

Como saben los lectores de Valencia Plaza y del resto de periódicos valencianos, es la Generalitat la que viene reclamando desde hace un año esa comisión mixta de coordinación, a la que el Gobierno se ha negado de forma reiterada e irresponsable.

Se han publicado en la prensa valenciana decenas de noticias al respecto y no pocos editoriales y artículos de opinión críticos con la ausencia de ese órgano de coordinación con el que la reconstrucción habría avanzado más rápido.

El Consell promovió una comisión mixta de coordinación con la Generalitat, la Diputación y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y lo que pedía al Gobierno es que se sumase para coordinarse todas las administraciones.

Mazón la pidió dos veces por carta a Sánchez sin obtener respuesta, lo que en sí es otra prueba de cómo la mala educación se ha instalado en la política. 

Gan Pampols la pidió el día que llegó y la estuvo reclamando diez meses hasta que se marchó dolido por la falta de colaboración del Gobierno.

La hemeroteca y el giro de guión de Sánchez dejan en evidencia a quienes dedicaron todo tipo de descalificaciones a la propuesta valenciana: Diana Morant (“ocurrencia” y “maniobra de distracción”), Pilar Bernabé (“sobreactuación” y “queja permanente”), José María Ángel (“es blanquear” a la Generalitat) o Zulima Pérez (solo serviría “para la foto”).

La actual comisionada sigue pensando lo mismo y Pedro Sánchez también, que él de fotos sabe mucho. Por eso ha condicionado la creación de la comisión mixta a que estén “los 77 alcaldes” afectados por la Dana, muchos de ellos socialistas. Eso es convertir lo que tenía que ser un órgano de coordinación en el camarote de los hermanos Marx. Pero a Sánchez que funcione o no le da igual, le importa la foto.

Casi peor que la nota fake de La Moncloa fue la desfachatez del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al encuentro entre Pérez Llorca y Sánchez.

Una comparecencia que evidenció que a los medios de comunicación en Madrid hace muchos meses que les importa un comino la recuperación –ninguno recogió en portada al día siguiente el encuentro entre los dos presidentes–, o quizás piensan que está todo hecho, aunque la borrasca Emilia se encargase el otro día de demostrarles que no es así.

Solo Carmen Salvador, periodista de RTVE en la Comunitat Valenciana, preguntó a Torres a qué se debía el cambio de opinión de Sánchez respecto a la comisión mixta y, más concretamente, si el obstáculo hasta ahora había sido Mazón.

Torres esquivó la pregunta con otra mentira, negando que hubiese faltado coordinación, y ahí terminó todo, porque los otros dos periodistas que pidieron la palabra se interesaron por las opiniones del ministro sobre Santos Cerdán, los escándalos de abusos sexuales y las transferencias pendientes al País Vasco.

Alega el Gobierno que sí que ha habido coordinación “a nivel técnico”, entre funcionarios o cargos intermedios de las administraciones, pero, como dijo un día Gan Pampols: “la coordinación se hace de arriba a abajo y no al revés. El de arriba marca el paso y los de abajo le siguen”.

Aquí uno de los de arriba, Sánchez, no quería saber nada del otro, Mazón, y lo han pagado durante catorce meses los valencianos damnificados por la Dana. El veto fue absoluto, y la falta de colaboración, intencionada con el objetivo de derribar a Mazón. Como ya expliqué en otro artículo, la decisión política de cortar toda colaboración con la Generalitat se produjo entre el 6 y el 15 de noviembre de 2024.

La comisión mixta si era necesaria. Había mucho por hacer, era conveniente juntarse para repartirse el trabajo entre las cuatro administraciones implicadas –estatal, autonómica, provincial y municipal– y, en caso necesario, unir esfuerzos.

En lugar de eso, Gobierno y Consell emprendieron una carrera en solitario a ver quién ganaba, a los ojos de los ciudadanos, inundando las redacciones de comunicados de prensa en los que alardeaban de obras públicas que en la mayoría de los casos era su obligación reconstruir.

Quizá eso ha transmitido la falsa sensación de que el Estado y la Generalitat están a la misma altura, cuando lo cierto es que, como los ayuntamientos, la administración autonómica es mucho más pequeña y también necesita ayuda. La pidió y el Gobierno, de momento, solo le ha concedido un préstamo en 2024 y otro en 2025. 

Presumían y presumen de lo que cada una ha hecho, pero no de lo mucho que queda por hacer más de un año después: ascensores, alcantarillas, ferrocarril, caminos rurales, puentes, encauzamientos... La inundación de Catarroja, esta semana, ha dejado a todos en evidencia.

Al ver el agua, que las alcantarillas no tragan porque están llenas de barro, el Gobierno reaccionó este viernes, se reunió con los alcaldes –sin presencia de la Generalitat ni de la Diputación– y, ¿qué les dio? Más tiempo para ejecutar las obras que no han podido ni empezar porque no tienen medios. Tienen en el banco los 1.745 millones de euros que les dio el Gobierno, pero no tienen medios. En un año, apenas han ejecutado el 4%. 

Ante este obstáculo, conocido desde hace muchos meses y que es un clamor entre los alcaldes, las administraciones estatal, autonómica y provincial han tratado de poner parches, cada una por su lado, en lugar de juntarse todas y abordar el problema. Para eso, entre otras cosas, habría servido una comisión mixta.

Ahora los alcaldes tienen más tiempo para ejecutar obras, un año más, pero siguen sin medios y atrapados en una ley de contratos que el Gobierno dice que “es la que es”, como si no pudiera cambiarla para adaptarla a las circunstancias.

Todo eso es lo que hay que hablar en una comisión mixta, que no solo es necesaria, sino urgente. El acuerdo para crearla llegó el 17 de diciembre de 2025. Quedamos a la espera.

PS: Muy de acuerdo con Sánchez cuando computa como ayuda del Gobierno por la Dana los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, porque es dinero que aportamos los asegurados –igual que los impuestos los aportamos los ciudadanos–, pero lo gestiona una entidad pública. ¿Que haya empresas que catorce meses después no han recibido su indemnización también es responsabilidad del Gobierno?

Aprovecho para desear a los lectores y lectoras de este Billete dominical una feliz Navidad.