Nota: el presente texto se redacta cuando la huelga del profesorado se encuentra todavía abierta.
Hubo un tiempo en el que la recepción de las competencias en educación y sanidad representaban la diferencia entre formar parte de las Comunidades Autónomas (CCAA) de primera o segunda división. La Comunitat Valenciana quiso estar entre aquéllas. Por desgracia, se le cerró el paso a formar parte de las CCAA del llamado artículo 151 de la Constitución, la vía más amplia pensada para las CCAA “históricas”, como si aquí no existiera suficiente base histórica, social y política que lo justificara. La desfachatez que suponía negarle sus derechos a la Comunitat Valenciana se resolvió, al igual que en Canarias, con el Estado español delegando ambas competencias en la administración autonómica, sin ceder su titularidad hasta años después. A partir de aquel momento fue la Generalitat la que asumió la tarea de poner al día las infraestructuras educativas y sanitarias y llenarlas de maestros y profesores.
Fue una decisión justificada por las graves carencias existentes y la ambición de alcanzar un autogobierno que amasara su futuro con las levaduras de la educación y la sanidad. La sanidad, para hacer iguales a los valencianos ante la enfermedad, incorporando mayores medios a los servicios públicos. La educación, para reconducir hacia el ascensor social a decenas de miles de ciudadanos y de ciudadanas que, en ausencia de un impulso firme y continuado, hubieran acumulado nuevas estadísticas de ignorancia y cifras bochornosamente bajas en los niveles altos de la formación pública.
Se pensaba, con cierto idealismo, pero una acertada carga de razón, que la educación, conducida con rigor y acompañada de instrumentos igualitarios, transformaría el tejido de una sociedad que arrojaba grandes déficits en lo que los economistas denominan “capital humano”. Una educación llamada a ampliar los surcos de la economía en actividades que precisaban mayor intensidad de conocimiento; un motor del cambio social que abundaría en la igualdad de hombres y mujeres; un vehículo del saber que permitiría que los hijos se independizasen de la inercia social que les condenaba a practicar los mismos oficios que sus antecesores; un grito de transformación que recuperaba el papel liberador de la educación abanderado por la II República.
Frente a aquella conjunción de anhelos la realidad que hemos conocido en las últimas semanas se encuentra moldeada por la huelga de maestros y profesores y la parsimonia del gobierno autonómico. Lo primero que llama la atención ha sido la ausencia del president de la Generalitat que, al parecer, se ha considerado prescindible en la negociación directa con los educadores, pese a que estos engloban la mayor proporción del personal funcionario de la Generalitat; pese a que el conflicto implica o afecta a decenas de miles de enseñantes. centenares de miles de niños y jóvenes y a muchos más padres; pese a que la educación ha sido, es y ¿será? la llave de nuestro futuro común.
Gobernar es hacer y gobernar es evitar. No sólo sorprende la abstención presidencial. Lo hace, asimismo, la lejanía entre los miembros del Consell y los educadores públicos. Cada escuela, cada instituto, es una representación del gobierno valenciano. Es donde se cuece, en la práctica, su política educativa. Si esto es así, ¿cómo resulta posible que haya aflorado un conflicto tan importante sin que, en la Avenida Campanar, las campanas llamaran a la alerta desde hace tiempo?
¿O sí lo hacían y alguien dejó de escucharlas? Sería más que lamentable constatar que para el Consell no era prioritario afrontar las peticiones salariales ni tampoco las referidas a la reducción de las ratios; que no merecía la pena abordar con celeridad los retrasos en la incorporación del personal que atiende sustituciones, ni tampoco la presencia sólida del valenciano, la degradación de las infraestructuras o el tiempo transcurrido en la renovación de edificios. ¿Ha sido casualidad la acumulación de silencios porque se cabalgaba a lomos del desconocimiento y la desidia? ¿O la pobreza de respuestas de los altos cargos respondía a la atracción, -magnética y dogmática-, ejercida por el sector educativo privado? ¿Acaso lo que burbujeaba era el deseo de confrontar y derrotar a algunos sindicatos considerados contrarios?
Contemplado desde la orilla del observador interesado en la solución del conflicto, surge la duda de si la huelga, mientras esto se redacta, habrá entrado en una fase final sensata y productiva. Pero, aunque existen motivos para la incertidumbre, son muchos más los que invitan a la convergencia en el espacio de la calidad; en la construcción de un sistema educativo identificado con valores democráticos e inclusivos, sensible a los males de la madre Tierra. Un sistema flexible porque así lo reclaman las transiciones de nuestro tiempo.
Desde la anterior perspectiva, resulta más que deseable superar el adocenamiento cognitivo para pensar en cómo la escuela sirve para educar ciudadanos amantes de las libertades, la igualdad y el espíritu crítico. Ciudadanos dispuestos a transitar por experiencias laborales que sus padres desconocieron. Una escuela para educar en salud preventiva y vida saludable. En cómo abrazar una sociedad digital que revalorice la dignidad humana en lugar de devaluarla, como enseña León XIV. Una escuela abierta a su entorno social y económico, manteniendo con éste un diálogo vivo y dinámico que posibilite la suma y aplicación de nuevo conocimiento. Una escuela llamada a ser vehículo de integración de los recién llegados y de positiva aceptación del diferente.
Y, de igual modo, la escuela está ahí para conocerse a sí misma. No tiene fundamento la oposición a evaluar los resultados educativos, en particular si se aplican las correcciones necesarias para compensar las condiciones desfavorables que se dan en los centros con mayor proporción de población fragilizada. El esfuerzo no tiene por qué limitarse a los estudios PISA de la OCDE. El conocimiento del territorio se presta a usos de bisturíes precisos y aptos para el análisis. La sociedad valenciana siempre merecerá la información más útil y mejor calibrada.
Defenderse de la inercia administrativa y de las tempestades fóbicas constituye una obligación fundamental en este tiempo de transiciones. Sentir querencia por lo público y lo democrático no es una tara como predican los Thiel y las Palantir de este mundo. Los bienes del Estado del Bienestar benefician al conjunto de la sociedad y a su conciliación interna. Una conciliación que, en el terreno de la educación, apela a abandonar la política de campanario, boina encasquetada y prejuicios rabiosos. Y no se trata sólo de conciliación social (y dignidad personal): vivimos en un territorio, en un país que, siendo realistas, no está para tirar cohetes en honor a sus innumerables victorias económicas, científicas y culturales. A quienes rechazan lo público con intensidades tectónicas les conviene recordar que toda resistencia al ascensor social, toda erosión de la inteligencia potencial de la Comunitat Valenciana, lo único que asegura es la oxidación de sus fuerzas productivas, su cohesión interna y su proyección creativa. Ser más pobres y menos capaces, menos seguros, menos ambiciosos.
