CASTELLÓ. La necesidad de desarrollar suelo residencial y promover la construcción de vivienda que palíe el desequilibrio actual entre oferta y demanda ha llevado a diversos municipios de la provincia a reactivar programas urbanísticos que en su día quedaron varados como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Más de una década después, los ayuntamientos han tomado la iniciativa para recuperar el pulso en el desarrollo de suelo que atienda el problema de falta de soluciones habitacionales que afecta a gran parte del territorio.

Castelló, Burriana, Moncofa, Vinaròs o Benicarló figuran entre las localidades que han puesto nuevamente en marcha sectores urbanísticos que durante años permanecieron bloqueados, judicializados o inacabados. En muchos casos, se trata de desarrollos diseñados en pleno auge inmobiliario y que quedaron suspendidos con la crisis financiera, dejando urbanizaciones a medias, solares sin desarrollar y trámites administrativos paralizados.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), David Ruiz, constata este cambio de tendencia, aunque matiza que buena parte de estos proyectos están siendo impulsados directamente por las administraciones locales ante la prudencia de la iniciativa privada. El sector reclama desde hace años una reforma de la legislación urbanística estatal que aporte mayor seguridad jurídica al desarrollo de suelo.

Según explica, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los promotores es que cualquier recurso o defecto detectado durante la tramitación puede acabar provocando la anulación completa del planeamiento urbanístico después de años de trabajo y fuertes inversiones. Por ello, las patronales defienden un cambio normativo que permita subsanar únicamente los aspectos afectados sin invalidar todo el proceso urbanístico.

Ruiz señala que esta inseguridad jurídica, unida a las dificultades de financiación y a la excesiva duración de los trámites, está frenando que la iniciativa privada pueda liderar nuevos desarrollos de manera directa. En este contexto, destaca que están siendo los propios ayuntamientos quienes están asumiendo la iniciativa para desbloquear suelo residencial, consciente de que “el suelo es la materia prima imprescindible” para poder incrementar la oferta de vivienda.

En paralelo, el sector también confía en que el futuro anteproyecto de ley urbanística valenciana contribuya a agilizar procedimientos y reducir plazos administrativos, aunque advierte de que los efectos de estos desarrollos se verán a medio y largo plazo.

Uno de los ejemplos más representativos del renacimiento de proyectos que la crisis dejó por el camino es el del PAI Belcaire Sur de Moncofa, uno de los grandes desarrollos heredados de la época de la burbuja inmobiliaria. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el proyecto para culminar una urbanización que llevaba paralizada desde 2007, cuando las obras estaban ejecutadas al 95%. La actuación, valorada en unos 12 millones de euros y asumida directamente por el consistorio, contempla cerca de 2.000 viviendas ampliables hasta 3.500 en función de la tipología residencial.

También en Burriana vuelve a avanzar el macroproyecto de Sant Gregori, un ámbito de 2,5 millones de metros cuadrados junto al litoral que permanecía bloqueado desde hace años y que ahora afronta una nueva etapa bajo gestión municipal directa para adaptar y reactivar el planeamiento. El Ayuntamiento, que ha asumido de manera directa la gestión del desarrollo, ha adjudicado el contrato de asistencia técnica y jurídica a la empresa COMAYPA por un importe de cerca de 1,2 millones. 

En Castelló de la Plana, el Ayuntamiento ha activado o retomado de forma simultánea distintos sectores urbanísticos repartidos por la ciudad, como Sensal, Soler i Godes, Gran Via, Donoso Cortés o el sector 24, vinculado al entorno del futuro nuevo Hospital General. En conjunto, estos desarrollos permitirán incorporar cerca de 3.800 nuevas viviendas, muchas de ellas protegidas, y buscan aliviar la presión existente sobre el mercado residencial.

En Vinaròs, el consistorio trabaja en diferentes modificaciones urbanísticas y procesos de reparcelación para recuperar bolsas de suelo paralizadas desde 2008, con capacidad para superar las 1.200 viviendas.

Por su parte, Benicarló ha iniciado la urbanización del PAI Sant Isidre, un ámbito que llevaba más de diez años sin desarrollarse y que permitirá levantar más de 200 viviendas de primera residencia tras una inversión superior a 1,5 millones de euros.

Todos estos proyectos evidencian el cambio de escenario que vive el mercado inmobiliario provincial. Tras años marcados por la parálisis urbanística y el exceso de oferta heredado de la crisis, la escasez actual de vivienda y el incremento de la demanda han vuelto a situar el desarrollo de suelo residencial en el centro del debate urbanístico y económico.

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