CASTELLÓ (EP). De Carlos Mazón a Begoña Gómez, pasando por Pedro Sánchez. La retórica y puesta en escena de los cuatro grupos políticos volvió a marcar este jueves el pleno del Ayuntamiento de Castelló, en el que, además, se produjo una inusual alianza entre el PP, principal socio de gobierno, y la oposición (PSPV y Compromís) para aprobar una moción sobre el 25N. Los tres partidos votaron a favor de la moción conjunta y rechazaron en bloque una enmienda a la totalidad de Vox, socio minoritario del ejecutivo local, que se desmarcó del consenso.
Fruto de esa iniciativa, el consistorio leerá cada año en el pleno de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, los nombres de las mujeres y niños asesinados por la violencia machista del año en curso para "visibilizar y explicitar el compromiso del Ayuntamiento en la lucha por su erradicación".
La concejala de la formación de extrema derecha Arantxa Miralles afeó al Partido Popular "su acto de controversia política", ya que el año pasado "votó junto a Vox contra las propuestas ideológicas del PSOE y ahora se alinean con ellos y con Compromís".
"Nos preguntamos cómo puede ser que el PP justifique este acercamiento a los responsables de la desastrosa ley del 'solo sí es sí' y cómo pueden firmar un documento en defensa de las mujeres con el PSOE, manchado por el escándalo de Tito Berni, o con Compromís, alineado con Sumar, partido que ha mostrado su coherencia con el caso Errejón", ha subrayado.
Miralles señaló que la postura de Vox es "defender a todas las víctimas, sin distinciones ni ideologías". "Seguimos luchando contra las verdaderas causas de la inseguridad, por eso seguimos exigiendo la derogación inmediata de la ley del 'solo sí es sí', así como de todas las normativas que criminalizan a los hombres por su sexo y convierten a las mujeres en meras herramientas electorales", ha dicho.
Vox también ha exigido la lucha contra la inmigración ilegal descontrolada, "que importa culturas que no comparten nuestros valores de igualdad y esto nos pone en peligro a las mujeres". Miralles ha añadido que lucharán "por eliminar estructuras como la del Ministerio de Igualdad, donde se utiliza el dolor para destinar ingentes cantidades de dinero de todos los españoles a financiar a asociaciones que son auténticos chiringuitos".
Durante la explicación de voto, el concejal de Compromís Pau Sancho indicó que el Ayuntamiento "está obligado moral y legalmente a sumarse a iniciativas que visibilicen la violencia contra las mujeres". "Hemos trabajado, además, por una declaración institucional conjunta que no ha podido salir adelante por el veto de Vox, una actuación que debe hacer reflexionar a la alcaldesa sobre su acuerdo de gobierno porque en un tema tan relevante como la igualdad sus socios tienen posturas negacionistas", destacó.
La socialista Mónica Barabás explicó que "es muy complicado acabar con esta lacra de la sociedad si resulta difícil consensuar esta acción de dar lectura a los nombres de las mujeres víctimas". "Entendemos que aunque la alcaldesa lo concentre en una única lectura en el Pleno de noviembre, al menos dejaremos constancia del compromiso irrenunciable que debe tener el Ayuntamiento frente a la violencia de género. No es suficiente llevar el lazo morado solo en noviembre, sería mucho más valiente por su parte invitar a abandonar el Gobierno a Vox", ha añadido dirigiéndose a la alcaldesa.
Por su parte, la primera munícipe, Begoña Carrasco, manifestó que el PP "no discute sobre violencia de género", y acusó a Barabás de buscar la "confrontación". "Pero no nos va a encontrar para discutir por este tema porque la lucha contra la violencia de género el PP la tiene muy clara", agregó
La popular Clara Adsuara afirmó, por su parte, que "el PP siempre está y estará del lado de las mujeres víctimas de violencia de género", y que "la lucha contra esta violencia ha de ser un compromiso humano de toda la sociedad". "Hay que actualizar, renovar y fortalecer el pacto de estado contra violencia de género aprobado en 2017 y es necesaria una colaboración sólida entre instituciones públicas", ha señalado la concejala, quien considera que "este gesto de recordar los nombres de las mujeres y niños asesinados debe ir acompañado de medidas eficaces".
El pleno también aprobó un Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (REC) de obligaciones indebidamente adquiridas por valor de 2.109.102,25 euros, punto en el que se abstuvo el PSPV y Compromís. Asimismo, hubo unanimidad para validar el Plan Local de Quemas de Castelló, mientras que se decidió prorrogar en la vigencia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2016-2024 de Castelló. Aquí el gobierno recibió el apoyo de la coalición, mientras que el Grupo Socialista se abstuvo.
En el debate de este punto, la formación socialista, a través de su portavoz, Ignasi Garcia, solicitó a la alcaldesa que delegue la competencia de Movilidad que ostenta Cristian Ramírez en su compañera Ester Giner. Además, el socialista Jorge Ribes aseguró con la ampliación del citado Plan de Movilidad Sostensible, actualizado en 2015 por el anterior ejecutivo (Acord de Fadrell), el actual gobierno municipal da por bueno el proyecto de peatonalización de la avenida Lidón que "tanto criticó en la pasada legislatura en la oposición".
Ya en el despacho extraordinario, se avaló, por unanimidad, una moción de Compromís con una enmienda del PP para el avance en la transparencia en el Ayuntamiento. Por el contrario, se rechazó otra moción del PSPV a favor de la realización de las infraestructuras educativas necesarias en la ciudad.
Al respecto de este último punto, Carrasco señaló que exigirá "a quien corresponda, a la Generalitat y a Mazón", todas las infraestructuras que necesita la ciudad, que -ha añadido- son las mismas que no hizo el gobierno anterior.
El pleno finalmente, ha aprobado dos declaraciones institucionales por el Día Internacional de la Salud Mental y para pedir la dotación de más recursos humanos en la oficina de extranjería de Castelló y perseguir a las mafias.
Como viene siendo una constante en la legislatura, el PP y la oposición protagonizaron diferentes trifulcas en el apartado de ruegos y preguntas. El valencianista Sancho, tras acusar a Ramírez de "mentir respecto a un requisito en la ordenanza de Movilidad", pidió a la alcaldesa que le retire todas las competencias porque "es un peligro para la ciudadanía de Castelló". El edil popular reclamó una rectificación por las palabras.
Otro rifirrafe lo protagonizó la portavoz socialista Patricia Puerta con el edil de Urbanismo, Sergio Toledo, a propósito de los accesos al Grupo Roquetes, inutilizados por las obras de los accesos ferroviarios de Adif. Este último reprochó a la primera que su partido no hubiese hecho nada cuando estaba en el gobierno, mientras que la segunda precisó que la actuación es competencia municipal y dependía de la aprobación del Plan General.
También hubo un encontronazo final en el turno de palabra de los vecinos. Un grupo de residentes de las urbanizaciones de la carreta l'Alcora denunciaron los recortes de la línea 6 (eliminación de tres paradas en Castelló) con la activación de la 19. Ramírez aclaró que los cambios se produjeron por las obras de la Zona de Bajas Emisiones y que se trabaja para recuperar las citadas paradas y la frecuencia.
Sin ir más lejos, el portavoz municipal, Vicent Sales, explicó después que con el nuevo contrato de transporte público se sumará un cuarto autobús para dar servicios a los barrios de montaña.