El portavoz municipal de Compromís y concejal de Transparencia, Ignasi Garcia, en una imagen de archivo. (Foto: JAVIER MARTÍ) CASTELLÓN. La relación entre el PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Castellón pasa por sus horas más bajas a cuenta de la situación judicial y política de la vicealcaldesa, Ali Brancal, investigada por presunta malversación a raíz de una querella del PP. Después de que la alcaldesa Amparo Marco haya dejado claro que si un concejal socialista estuviera en esa situación, dimitiría, sus socios de gobierno han contraatacado. El portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha lanzado un dardo al PSPV al afirmar que Brancal y la concejala socialista de la Vall d'Uixó, Tania Baños, están "en la misma situación judicial".
La tensión va en aumento conforme se acerca la celebración de la comisión plenaria de Gobierno Abierto y Participación este jueves en la que se abordará, a instancias de la propia vicealcaldesa, el inicio del procedimiento administrativo para dirimir si cabe aplicar el código ético del ayuntamiento, un documento que establece la renuncia al cargo en caso de imputación. Últimamente los socios de gobierno se comunican a través de los titulares de prensa y si este lunes la alcaldesa echó un órdago a Brancal enseñándole la puerta, un día después Compromís ha intentado sacar los colores a la socialista recordándole que en su partido también hay cargos investigados, como la primera edil de la Vall d'Uixó, Tania Baños. "Está en la misma situación judicial que la vicealcaldesa, lo que pasa es que una está por prevaricación y la otra por malversación", argumenta Ignasi Garcia.
En ambos casos ha sido una querella del PP la que ha dado inicio a las investigaciones judiciales, y ni Brancal ni Baños han dimitido, pero hay una diferencia en el plano político: en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó no existe un código ético, como en el de Castellón, que obligue a los concejales imputados por supuestos delitos de corrupción a renunciar a sus funciones. "Aquí no tenemos ningún documento de ese tipo", precisan a este diario fuentes del consistorio valldeuxense.
En cualquier caso, Garcia señala que "unas meras acusaciones no son motivo para que alguien abandone el gobierno". "Si cada vez que se acepta una querella, que por otra parte, es una cuestión básicamente de derecho del querellante, tuviéramos que abandonar el gobierno, ahora mismo no quedarían concejales ni alcaldes en España", apostilla. En concreto, en relación a la postura de la alcaldesa Amparo Marco, asegura que "ningún concejal, sea del color que sea, ha de abandonar sus cargos de responsabilidad por las simples acusaciones del señor Macián". Unas acusaciones sostenidas en pruebas que en Compromís consideran "falsas", ya que los sobres que el PP presentó ante el juzgado fueron retenidos durante cuatro años hasta la interposición de la querella.
A su juicio, "el Código de Buen Gobierno se ha de aplicar cuando haya un encausamiento formal", es decir, "cuando un juez o un fiscal diga 'esto va adelante'", aunque admite que hay disparidad de criterios al respecto.
La Comisión de Gobierno Abierto y Participación prevista este jueves abordará la petición de inicio de procedimiento sobre la aplicación del Código de Buen Gobierno que presentó este lunes la vicealcaldesa. En su propuesta, Brancal hace un repaso de lo acontecido hasta ahora: el pasado mes de febrero en un pleno sobre la corrupción del PP el edil popular Juan José Pérez Macián la acusó de haber enviado papeletas electorales en 2014 a través del servicio de correo municipal; posteriormente, en el mes de mayo se presenta la querella, Brancal comparece ante el juzgado en julio y recientemente ha presentado un recurso para pedir la anulación de las pruebas.
En la exposición de motivos, la vicealcaldesa acusa al PP de "estar incumpliendo el procedimiento de aplicación del Código de Buen Gobierno, así como el punto dos del mismo, que habla de la integridad y que resalta que 'todas y todos los concejales de la corporación pondrán su máximo interés en cumplir los reglamentos municipales sin caer en utilizaciones que los desvirtúen'. Así las cosas", prosigue Brancal, "el Partido Popular ha tenido la intención de utilizar este hecho de forma partidista. Además, el Partido Popular está evitando el cumplimiento del deber de reserva que marca el Código de Buen Gobierno para discernir estos asuntos".
El "deber de reserva" al que hace alusión la vicealcaldesa en su propuesta está recogido en el código ético y es de aplicación cuando se abre un procedimiento como el que está a punto de activarse este jueves en la comisión sobre la situación de Brancal. Supone que los miembros de la comisión y los asesores "estarán obligados a guardar el secreto sobre toda la información de la que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de sus funciones, en particular, sobre los hechos examinados, el contenido de las investigaciones, deliberaciones y las decisiones adoptadas, así como sobre los datos de carácter personal". Asimismo, precisa el documento, "no harán ninguna declaración pública o privada relacionada con lo anteriormente expresado y sobre el procedimiento en curso que se trate ante dicha Comisión. Únicamente podrán hacerse públicas las decisiones finales sobre el procedimiento ya notificado a la persona o personas interesadas".
También el concejal de Transparencia, Ignasi Garcia, a preguntas de los periodistas, ha apelado al carácter secreto de las actuaciones de la comisión al asegurar que lo que busca el Código de Buen Gobierno no son "espectáculos mediáticos". "Hay una cosa que se llama deber de reserva, hay que aportar pruebas y la gente ha de llevar documentación, se ha de discernir ahí y las conclusiones que se pasan a los afectados son las que se comunican".
En el escrito a la comisión, al que ha tenido acceso este diario, Brancal asegura estar sometida "a una situación de indefensión absoluta", padeciendo "el acoso que está ejerciendo el Partido Popular utilizando los medios de comunicación para su beneficio partidista". Considera, por tanto, que el PP no busca "la resolución del dilema", sino la afección de su "honor" y el "rédito político".
La comisión prevista este jueves que deberá abordar el asunto estará presidida por el concejal socialista Toni Lorenzo y no por la propia vicealcaldesa, que es la presidenta habitual. Es una "cuestión de higiene", dice Garcia, quien espera que todos los grupos municipales voten a favor de iniciar el procedimiento.
