Ali Brancal y Amparo Marco, en una imagen de archivo.CASTELLÓN. La situación judicial y política de la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, trae de cabeza al equipo de gobierno. La edil de Compromís ha anunciado este lunes que iniciará, de oficio, el procedimiento municipal para determinar si debe o no renunciar a sus funciones en aplicación del Código de Buen Gobierno, un proceso que, aunque conforme a la normativa, supone dilatar en el tiempo una decisión de cariz político. Apenas unas horas antes del anuncio de Brancal, la alcaldesa Amparo Marco se ha pronunciado por primera vez sobre la número 2 de su Ejecutivo: si se tratara de un edil socialista, ha dicho en referencia a un hipotético cese, "lo habría tenido claro".
La comisión plenaria de Gobierno Abierto y Participación que se celebrará este jueves abordará, dentro del orden del día y a propuesta de la vicealcaldesa y presidenta de la comisión, "la apertura de un periodo de información previa con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento de aplicación del Código de Buen Gobierno". Esto significa que Brancal ha decidido acogerse al punto 4 del texto normativo con el fin de que "todos los miembros de la comisión dispongan de la misma información y puedan conocer las circunstancias del caso concreto para determinar la conveniencia o no de emplear el código", señala Compromís en su comunicado. Así, según la edil, "todas las partes interesadas podrán aportar la documentación que consideran oportuna".
El procedimiento que se abriría tras el periodo de información previa contempla varios pasos: se designaría a "asesores municipales o expertos externos" para investigar la denuncia y se emitiría un informe que tendría que elevarse a pleno. Este proceso parece estar pensado para casos en los que no hay denuncia previa en el juzgado, pues en el punto número 7 del texto se señala que "si del informe o actuaciones practicadas por los asesores o expertos", se considera que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa o de un delito, se pondrá en conocimiento de la Administración competente o de la Fiscalía "para la instrucción del correspondiente expediente sancionador o proceso penal". En el caso de Brancal, el PP ya presentó una querella por la que está siendo investigada por presuntos delitos de malversación y falsedad por supuestamente enviar papeletas electorales de Compromís en 2014 a través del servicio municipal de correo.
De esta manera, como ya ha ocurrido con el proceso judicial, el procedimiento municipal va a dilatarse, pese a que el código obliga al cese de funciones en caso de que un concejal sea imputado (el término utilizado antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para designar a quien se le abría una investigación judicial). Y es que la vicealcaldesa ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no tiene intención de renunciar a su cargo. Ahora la comisión, según Brancal, "debe aclarar si las meras acusaciones de un concejal de la oposición basándose en pruebas que no sólo no se han admitido, sino que están siendo cuestionadas, es motivo suficiente para hacer abandonar a cualquier concejal de gobierno de sus responsabilidades". A su juicio, "nadie tendría que apartarse de sus responsabilidades de gobierno por las calumnias de un personaje como el señor Pérez", en alusión al popular Juan José Pérez Macián, quien presentó la denuncia ante el juzgado.
Con toda probabilidad, la comisión plenaria del jueves aprobará iniciar el periodo de información previa, lo cual se elevará también al pleno del próximo día 29 para ser sometido a votación.
Mientras tanto, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que hasta ahora había guardado silencio sobre la situación de Brancal, ha decidido pronunciarse. Lo ha hecho este lunes en un acto a preguntas de los medios de comunicación. Por un lado, ha querido dejar claro que respeta los tiempos, no va a forzar la situación, pero por otra parte, le enseña la puerta a la vicealcaldesa al despejar toda duda de lo que habría hecho si se tratara de un miembro del grupo socialista: "Lo habría tenido claro [...], creo que el grupo municipal socialista ha demostrado claramente lo que opina, y lo ha demostrado antes de las elecciones", cuando presentó "la renuncia al cargo de todos los concejales y concejalas en caso de ser imputados por corrupción [...], no es que sea la posición, es que son los hechos del grupo socialista", remata.
La primera edil subraya que Brancal "tiene que comparecer en la comisión conforme dice el informe de la secretaria del pleno" y justifica el silencio del grupo socialista a la vez que marca distancias y se defiende de las críticas por no forzar su dimisión: "Es una cuestión de respeto [...], no de encubrimiento, ni de connivencia, sino de respeto a una concejala elegida por el pueblo de Castellón". Además, admite que no ha hablado con Brancal sobre su situación. Es más, afirma que la vicealcaldesa le ha pedido por correo electrónico y a través de una asesora del Gabinete de Alcaldía una reunión para tratar este y otros temas, lo que no deja de ser sintomático de las tensas relaciones entre ambas munícipes.
Preguntada por si había diferencia entre estar imputada e investigada -un tecnicismo al que se acoge Brancal para eludir la aplicación del Código de Buen Gobierno-, Marco ha preferido echar balones fuera: "La alcaldesa es profesora de finanzas y es economista, no jurista, quien lo tiene que interpretar son los juristas".
