Confederación, Patricova, Transición Ecológica... el vía crucis del Plan General de Castelló

CASTELLÓ. El Plan General (PG) de Castelló empieza a vivir su particular vía crucis. La evaluación ambiental de la parte estructural para desbloquear la actual paralización se encuentra retenida por el farragoso trámite administrativo. A pesar de la voluntad política del Acord de Fadrell por recortar los plazos, la cruda realidad aleja cada vez más las previsiones más optimistas. 

Si hace casi un mes todo parecía transcurrir según la hoja de ruta marcada, tras presentar ante la Conselleria de Transición Ecológica el plan de inundabilidad, ahora la implicación de varias administraciones supone un contratiempo que ni siquiera permite hablar de nuevas fechas.

El portavoz del Gobierno municipal, Rafa Simó, muestra cierta resignación al señalar que "estamos a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Jucar estudie ese plan de inundabilidad para pasarlo al Patricova, que depende de Urbanismo, y éste haga lo mismo con la subdirección de evaluación ambiental antes de que la declaración llegue al Ayuntamiento".

Simó insiste en reclamar sensibilidad a los técnicos para que entiendan que "la situación de Castelló no es equiparable a ningún otro municipio de la Comunitat. Somos una capital de provincia que está sin Plan General desde 2008", recuerda.

El ruego del portavoz del equipo de gobierno va en la línea de lo expresado la semana anterior por la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, aprovechando la visita del conseller de Educación, Vicent Marzà, sin competencias directas en la materia.  "Le hemos pedido [a Marzà] que nos ayude desde el Consell a impulsar el Plan Urbanístico", subrayó entonces.

La aprobación del PE tiene una fecha clave en el calendario de la presente legislatura: el 1 de abril de 2021. Ese día acabará la tercera prórroga de las normas transitorias urbanísticas de urgencia aprobada por el Consell el 28 de diciembre de 2018. La primera se impulsó en 2012 con una validez hasta 2015. El 2 de marzo de ese año se concedió la segunda, estableciendo una vigencia de algo más de tres años.

Sin embargo, por las complicaciones administrativas el tiempo se echó encima, de manera que hubo que solicitar una nueva moratoria en 2018. Entonces, como en las anteriores autorizaciones, se consideró que la duración del aplazamiento garantizaría la culminación del Plan General. A poco más de un año para que concluya la tercera prórroga, las dudas comienzan a ser más que razonables.