CASTELLÓ. Cuando el Ayuntamiento de Castelló acordó el 18 de septiembre de 2019 constituir una comisión para investigar la adjudicación de contratos y suministros de la sala de la Policía Local, nadie imaginó que la fiscalización acabaría convirtiéndose en un interminable día de la marmota. Un año y medio después, con más de 15 reuniones y 4.000 folios de documentación, la batalla política entre el equipo de gobierno y la oposición ha terminado por desviar la atención acerca del verdadero propósito del órgano auditor: esclarecer si se cometieron o no irregularidades en las licitaciones.
El enredo es tal que posiblemente algunos concejales de los seis grupos municipales hayan olvidado qué es lo que se está analizando y con qué finalidad. Hay que retroceder en el tiempo para encontrar la respuesta. El 4 de septiembre de 2019, el PP y Ciudadanos registraron una petición formal para solicitar una comisión no permanente de investigación con el fin de conocer detalles sobre las contrataciones del montaje del denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse). Tanto populares como naranjas justificaron la necesidad de iniciar la auditoría ante la inversión realizada desde 2016, cifrada en 1,6 millones de euros.
Tras aprobarse la creación de esa junta especial, la celebración de una sesión extraordinaria el 3 de octubre permitió definir los distintos cometidos de los ediles. Así, el portavoz de Cs, Vicente Vidal, asumió la presidencia, mientras que el representante de Podem-EUPV, Fernando Navarro, aceptó ejercer como vicepresidente. El consenso sobre los cargos facilitó un mes más tarde (en concreto, el 15 de noviembre) acotar el periodo de fiscalización, esto es, los últimos ocho años.
Además, aquella primera reunión también fijó el número de expedientes a estudiar por parte de la comisión. En total, siete: tres contratos menores de mochilas, chalecos y linternas; uno mayor de suministro de 93 prendas antibalas; otro de 110 chalecos; el de la plataforma integral multiagencia, cofinanciada con fondos Feder; y el del equipamiento integral de la sala de la Policía Local.
Este último sumario resulta clave en el proceso de fiscalización. Al menos, para el PP, que considera fundadas sus sospechas sobre anomalías en las adjudicaciones a la empresa Eurocop Security Systems, ganadora inicialmente de los cuatro lotes por un importe de 800.000 euros. Esa misma mercantil logró después el suministro del software informático, valorado en 600.000 euros. No obstante, un recurso ante el Tribunal Administrativo Central anuló el concurso público, obligando al Ayuntamiento de Castelló a volver a lanzar la licitación.
Los siete expedientes se traducen en una cantidad ingente de papeles. Una maraña documental a la que también han contribuido el PSPV y el grupo popular con sus reiteradas solicitudes de información adicional. El embrollo ha imposibilitado en este año y medio extraer conclusiones sobre las adjudicaciones, por lo que la fase de la prueba testifical se vislumbra esencial.
Las comparecencias de los declarantes arrojarán luz a lo sucedido en el Cimse. Por el momento, la formación socialista y Ciudadanos han solicitado, entre otros, la presencia de los exconcejales Antonio Lorenzo y Ximo Torres, los responsables del área Seguridad del Ayuntamiento en las dos postreras legislaturas sin contar la actual. El grupo popular, Compromís, Podem y Vox tendrán que pronunciarse en la próxima reunión, con lo que no se descartan sorpresa en este sentido.