CASTELLÓ. La comisión de investigación de los contratos de suministro y equipamiento de la sala de la Policía Local de Castelló se aproxima a su punto álgido. El inicio de las comparecencias está cada vez más cerca después del acuerdo adoptado por los grupos políticos para, en el plazo de 15 días, realizar propuestas de subsanación, mejora o rectificación de la documentación con el propósito de arrancar con las testificales. Dicho de otra manera, entre marzo y abril se redactará un listado de declarantes, a partir del cual se establecerá un calendario.
No en vano, algunos partidos ya han hecho sus deberes en este sentido (PSPV y Ciudadanos), y varios exconcejales tendrán que dar cuenta de su gestión al frente del área de Seguridad. Es el caso tanto del socialista Antonio Lorenzo, en la anterior legislatura, como del popular Ximo Torres, entre 2011 y 2015. Los dos se someterán a las preguntas de los integrantes del órgano fiscalizador, aunque se intuye que no serán los únicos políticos, teniendo en cuenta la complejidad de los expedientes, con más de 4.000 folios en total. Sin ir más lejos, para valorar con mayor rigor las cifras que se aporten durante las declaraciones sobre prestaciones de servicios u obras civiles, se ha solicitado la colaboración de un perito especializado.
Todo hace indicar que la fase testifical, como ha ocurrido con la documental, se alargará en el tiempo. Solo dos de las seis formaciones que componen la comisión han solicitado 16 atestiguantes. Además de los reseñados, destacan José Luis Carque, excomisario principal; Julián Sánchez, intendente de la Policía Local; Manuel Rodríguez, inspector; o Cristóbal Badenes, director de infraestructuras. Del mismo, responderán a las interpelaciones de los ediles representantes de algunas de las mercantiles sobre las que se tienen suposiciones de posibles irregularidades, tales como Alt 165 y Eurocop Security Systemas.
Está por concretar si los testificantes lo harán de manera presencial o por escrito. Aquí, como ha sido una constante desde que se inició la auditoria de la sala, tampoco existe consenso entre los grupos municipales, como se observó en la reunión telemática de este viernes, la primera tras más de tres meses de inactividad. Mientras el presidente, Vicent Vidal (Cs), propone que cada compareciente escoja la fórmula más adecuada a sus intereses, el PSPV y PP defienden la conveniencia de que los declarantes respondan en persona, salvo que puedan justificar debidamente su falta de asistencia por una causa de fuerza mayor.
Tanto el portavoz socialista como el popular, José Luis López y Vicent Sales, respectivamente, entienden que se trata del único camino para que los convocados arrojen algo de luz a lo sucedido en el denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse) durante los últimos ocho años. Así, desde octubre de 2019 se están analizando siete expediente, tres contratos menores y cuatro más sustanciosos, entre ellos el dossier sobre la plataforma multiagencia y equipamiento integral del centro por un importe de 900.000 euros.
Al respecto, el edil del PP insiste en que "son muchas las sospechas que genera el proceso de licitación de la renovada sala de Emergencias de la Policía Local. A pesar de que fue recepcionada dando por cumplido el objeto del contrato, Marco sigue gastando dinero en ésta llegando a pagar hasta tres veces por las cámaras de vigilancia. Esperamos que a partir de ahora vuelva a coger velocidad [la comisión], porque "la gravedad del asunto lo requiere. Seguimos sin tener respuesta de las principales incógnitas que nos llevan a pensar en presuntas irregularidades en la contratación de una reforma de una Sala de Emergencias que arroja más sombras que luces", asevera.
Y es que, a pesar de haber transcurrido casi año y medio desde que se constituyó el órgano fiscalizador, lo cierto es que ha resultado imposible extraer conclusiones sobre los procesos de adjudicación y ejecución del Cimse ante la abundancia de información. Es más, a medida que se han ido celebrando las sesiones, se ha enredado más la investigación por las continuas y reiteradas solicitudes de documentación adicional.