CASTELLÓ. Las modificaciones implementadas por la compañía aragonesa Forestalia en el proyecto de macroparque eólico que tramita en el límite de la provincia de Teruel con Castellón, y que incluye una línea de muy alta tensión (MAT) hasta la subestación eléctrica de Morella, ha devuelto la controversia a los municipios afectados por el paso de la infraestructura, cuyos vecinos y ayuntamientos ya estudian la nueva documentación para presentar alegaciones.
La conexión para la evacuación de la energía desde el futuro megaparque eólico atraviesa los términos municipales de Morella, Portell de Morella y Cinctorres, y afectará en la provincia de Castellón a unas 250 parcelas, como publicó este jueves Castellón Plaza, bien en cuanto a servidumbres, ocupaciones temporales o incluso por posibles expropiaciones. El conjunto de terrenos afectados por el proyecto, teniendo en cuenta también las parcelas donde se ubicarán los aerogeneradores y demás instalaciones, supera los 2.600, la gran mayoría en Teruel.
En la exposición al público durante 30 días que se publicó este miércoles, se recogía precisamente la petición de la compañía al Ministerio para que se declarase la iniciativa como de utilidad pública. Un movimiento que, de aprobarse por el Gobierno central, abre la puerta a las expropiaciones en el caso de que la compañía lo necesite por no llegar a acuerdos con todos los propietarios. Algo que parte de los afectados quieren evitar a toda costa, así como ayuntamientos como el de Morella.
En ese sentido, una de las líneas sobre las que versarán las alegaciones es precisamente esta: contra la declaración de utilidad pública. El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, se opone frontalmente al tratarse, dice, de una iniciativa privada que afectará al territorio y el paisaje de diferentes municipios. Por eso, subraya a Castellón Plaza que carece de interés público y critica duramente las formas de la firma por su carácter poco dialogante.
Una de las principales modificaciones incluidas en los documentos expuestos este miércoles es el del soterramiento de la línea de alta tensión en su último tramo hasta la subestación eléctrica de Morella. El cambio, que afecta a terrenos ubicados en el término municipal de Morella, viene a resolver algunas de las quejas de las masías que dan nombre a la subestación y a la zona por la cercanía de la línea a estas edificaciones. Con el soterramiento, esto se solventaría, pero los vecinos también alegarán en este sentido.
Se trata de modificados que, explican los vecinos, estaban obligados por la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada ya por el Ministerio. "Entendemos que no se cumple la modificación que exige el Ministerio para otorgar la DIA", asegura en ese sentido uno de los vecinos afectados, quien subraya que aquella obligación del Ministerio "no salió a información pública para presentar alegaciones medioambientales", por lo que ahora aprovechará para ello. Su afección a acuíferos y otros impactos ambientales son posibles razones a argüir en las alegaciones.
Los servicios jurídicos de los ayuntamientos siguen estudiando la documentación expuesta. Así, los vecinos preparan alegaciones junto con consistorios afectados por el paso de la línea eléctrica, pero también junto a asociaciones turolenses como la asociación Paisajes de Teruel contra el proyecto completo, que plantea la ubicación de unos 125 aerogeneradores en una veintena de parques eólicos en el borde entre la provincia de Teruel y Castellón.
El proyecto ya ha obtenido el visto bueno de la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa. Según la firma, ha incorporado en el proyecto "todas las modificaciones que dictan las declaraciones ambientales" y ahora sólo queda la autorización administrativa de construcción, uno de los últimos trámites para poder iniciarse las actuaciones de instalación y construcción.
Se estima que la inversión prevista por Forestalia en este megaparque eólico será de más de 800 millones de euros, con una generación de empleo de 1.300 puestos de trabajo directos en las fases de construcción y de explotación de las plantas eólicas y fotovoltaicas, según cálculos de la misma compañía, que también propuso recientemente a los ayuntamientos de las tres localidades situadas en la comarca de Els Ports la firma de un convenio para que los hogares con empadronados en sus localidades puedan acceder a la gratuidad en su consumo eléctrico. Algo que rechazaron los ayuntamientos de manera inmediata.
