CASTELLÓ. La crisis del sector cerámico se ha traducido en los últimos meses en una caída notable de las exportaciones respecto al año anterior. Una merma del volumen azulejero que las compañías han vendido a clientes extranjeros que no ha reportado, sin embargo, una bajada tan grande en la facturación. Muestra inequívoca de que los precios del sector se han incrementado en el último año, en buena parte para hacer frente a los crecientes costes de producción.
Así lo atestiguan los datos que maneja la patronal del sector, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), según los cuales el precio medio de exportación creció un 34% entre enero y noviembre del año pasado. Unos registros, extraídos del balance mensual del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), que dan buena muestra de esta tendencia alcista del precio por unidad de azulejo.
Concretamente, en noviembre se vendió a casi 591 euros la tonelada (el ICEX no ofrece el valor por metro cuadrado, la unidad de medida de referencia en el sector) frente a los 440 de apenas doce meses antes. Una subida notoria que experimentó, con diferente intensidad, a lo largo de todo el ejercicio pasado, con subidas interanuales de hasta el 53% en septiembre, cuando cada tonelada se pagó a más de 623 euros. Desde entonces, parece que los precios se han relajado pero aún así siguen en niveles muy elevados respecto a 2021.
Aunque el sector camina hacia la mejora del producto, con un mayor valor unitario, lo cierto es que este factor no puede explicar por sí mismo la extraordinaria subida de los precios azulejeros. El principal motivo no es otro que la presión creciente de los costes de producción, que han estrechado los márgenes y han obligado a las compañías a repercutirlos en los precios finales, según explican en la patronal cerámica.
"Es una subida que intenta absorber parte del aumento del coste de la energía y las materias primas", aseguran en Ascer. Pero aún así, la subida de precios no compensará el alza de los costes, teniendo en cuenta que el último informe de la patronal, presentado el pasado mes de diciembre, dejaba negro sobre blanco que la invasión rusa de Ucrania, el elevado coste de los fletes y los suministros "ha derivado en un aumento del 45% de los costes de materias consumidas respecto a 2021".
De hecho, Ucrania es el origen del 70% de la arcilla que llega a España, uno de los principales materiales que requiere la fabricación de baldosas cerámicas. Y a falta de datos del mes de diciembre, el aprovisionamiento de arcilla desde Ucrania ha caído más del 60% respecto al año anterior debido al bloqueo de suministros al que se ha visto sometido el país. De ahí que el sector haya que buscado proveedores en otros enclaves como Marruecos, Rumanía, Portugal, India, Malasia o Polonia.
A ello se suma la asfixiante factura energética, teniendo en cuenta que la cerámica consume el 60% del gas industrial de la Comunitat Valenciana y el 8% de toda España, según Ascer. En la patronal calculan que el coste energético de 2022 ascienda a 2.600 millones de euros, casi la mitad (el 45%) de los 5.700 millones de euros que se proyectaba facturar en todo el ejercicio. Un coste que, tal como explicó en diciembre el propio tesorero de Ascer, Franscisco Ramos, se habría triplicado respecto a 2020, el último año con precios estables de la energía
Esta circunstancia es especialmente perjudicial porque hay una barrera en el coste del gas a partir de la cual "no es capaz de trasladar los costes al producto sin perder competitividad" para las empresas, según aseguró también el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu. Esta barrera son, dijo, los 80/85 euros por MW/h. En agosto, superó los 330 euros en el mayor pico, y desde entonces ha ido relajándose hasta estabilizarse, actualmente, en los 60/65 euros.
Ya cerrado un año especialmente malo para el sector del azulejo, las empresas siguen a la espera de que se concreten las ayudas prometidas tanto por el Gobierno central como por la Generalitat Valenciana. Por un lado, está el paquete de ayudas directas de 450 millones y los préstamos ICO por 500 millones adicionales a "subsectores industriales gasintentivos", de los que no se tiene mayor noticia. Por otro, las líneas de la administración autonómica, que el sector considera "determinantes".
Aquí entra, entre otras, la financiación puesta a disposición por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por valor de 50 millones de euros. Las empresas han solicitado hasta 54 millones y ahora el organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda deberá resolver cuánto dinero acaba concediendo a cada firma. Por otra parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció otra partida de 50 millones de euros dirigidos a hacer frente a la subida del coste de la energía, que se repartirán a razón de 5.000 euros por empleado y no podrán superar los 2 millones por grupo empresarial.
