CASTELLÓ. El aumento de los costes eleva un 20% el precio final del Centro de Envejecimiento Activo y Saludable de Castelló (CEA). El acrecentamiento en 668.420 euros respecto al presupuesto de adjudicación (3.342.000 euros) deja la inversión final en 4.010.420 euros. Una cantidad, por otro lado, aportada por el Ayuntamiento de la capital de la Plana y la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).
El contrato con la empresa concesionaria de la obra civil, Becsa, se firmó en 6 de noviembre del 2020. "Desde entonces, ha habido un importantísimo incremento de los precios de los materiales", explica el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales. "El informe técnico nos dice que el cálculo es correcto y, por lo tanto, la petición de la mercantil se acepta”, remarca.
La empresa de Simetría Grupo culminó la rehabilitación integral de la antigua Casa de la Cultura en febrero después de 18 meses de ejecución. La construcción del CEA comenzó en enero de 2021 tras aprobarse el concurso público en septiembre de 2020. La mercantil castellonenses se hizo con el contrato frente a otras dos postulantes al presentar la oferta "con mejor relación calidad precio", según el acuerdo de la Mesa de Contratación.
Entre los retos de la rehabilitación se incluyen la preservación de las fachadas protegidas del inmueble y la articulación de las cuatro construcciones independientes que lo integran. Además, se ha procurado hacer el interior totalmente accesible e interconectado mediante patios interiores que aportan luz y ventilación de forma natural en todas las salas del centro.
En total, el edificio restaurado, situado en las calles Antonio Maura (acceso principal), Enmedio e Isabel Ferrer, cuenta con una planta baja, tres niveles superiores y una azotea, que suman un total de 1.740 metros cuadrados de superficie útil y 2.300 metros cuadrados en total.
En teoría, el Centro de Envejecimiento Activo debía haber abierto sus puertas en marzo. Una vez finalizada la actuación, solo faltaba adjudicar la gestión integral, un trámite que se enquistó en el tiempo, a pesar de existir una propuesta de adjudicación en favor de la mercantil Mediterránea Gestión Social.
Sin embargo, nunca llegó a aprobarse esa concesión debido a un error en el procedimiento. Eso, unido a un cambio en la legislación autonómica, derivó en una situación de anquilosamiento. La parálisis llevó a la UE a imponer mensualmente al consistorio una penalización de 53.424,88 euros, una cantidad que el nuevo equipo de gobierno tuvo que abonar hasta que en septiembre, tras pagar 373.974 euros, abrió parcialmente el edificio.
La inauguración oficial se producirá de manera "inminente", tal cual avanza Sales, después de haberse realizado una serie de modificaciones en la obra civil. La adaptación a la nueva normativa ha supuesto la subsanación de varios elementos.