CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló volverá a realizar mediciones de un año en las tascas para tratar de quitar la Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Lo hará a medio plazo, lo que significa que habrá que esperar hasta 2026, en el mejor de los casos, para determinar si será posible flexibilizar las restricciones y modificar el actual marco jurídico.
La decisión de monitorizar de nuevo las calles Barracas e Isaac Peral (y su entorno) se toma finalmente después de haber analizado los resultados de los sondeos no vinculantes efectuados a lo largo de tres fines de semana, de jueves a domingo. Aunque casi todos los valores son positivos, se constata un pico preocupante en una franja horaria muy concreta en el punto donde se concentran los negocios. Los elevados niveles de ruido se producen en una hora residual durante el cierre de los establecimientos.
Los empresarios ya conocen la intención del Ayuntamiento de instalar sonómetros de control para obtener datos en un periodo de 12 meses. Sin ir más lejos, este jueves se les informó sobre ello en una reunión en la que no todos se mostraron de acuerdo con la medida, que implica mantener la Zona Acústicamente Saturada por un tiempo relativamente prolongado. Ernesto Bou, propietario de la Tasca Ernesto-La Oficina, se mostró especialmente crítico "porque no entendemos que se genere un problema donde no lo hay. Llevamos demasiados años de buenas palabras por parte de los políticos y la realidad que se han ido muriendo muchos de los actores y solo queda la ZAS".
A tenor del fallido intento del anterior ejecutivo, el denominado Acord de Fadrell, la tramitación administrativa para culminar con éxito el cambio del marco jurídico se alarga cerca de dos años a partir de la licitación del contrato. Para empezar, resultará imperativo cumplir ese intervalo de un año de registros a través de dispositivos instalados estratégicamente tanto en Barracas e Isaac Peral como en Mayor, Vera y plaza Santa Clara. Después, será necesario elaborar un informe detallado con los resultados, que definirá la posibilidad de suprimir la ZAS.
En el caso de que ese documento resultara positivo, como ocurrió en la postrera legislatura, habrá que aprobar el procedimiento con vistas a sacar a las tascas de la Zona Acústicamente Saturada. Una vez la Junta de Gobierno lo haya hecho, el acuerdo deberá someterse a exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones.
En 2022, se formalizaron ocho entre empresarios, vecinos y la plataforma Sense Soroll. El estudio de esos recursos y sus contestaciones (aceptación o rechazo) también se extenderán varias semanas o meses en función de su complejidad. En paralelo, el Ayuntamiento tendrá que informar a la Conselleria de Medio Ambiente sobre el inicio del expediente. El informe que emita al respecto igualmente será clave, aunque carezca de competencias. Tampoco habrá que olvidar varias aprobaciones por pleno.
Si todos estos trámites se desarrollan sin contratiempos, habrá transcurrido al menos entre año y medio y dos años. Para algunos hosteleros, representará excesivo tiempo cuando ya se hizo una monitorización con resultados favorables, aunque después la Generalitat puso reparos por realizarse durante la pandemia y entre estados de alarma.
La legislación autonómica sobre el ruido considera Zonas Acústicamente Saturadas aquellas en las que se producen unos elevados niveles sonoros debido a la existencia de actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos. La declaración se acuerda cuando se sobrepasan dos veces por semana durante tres semanas consecutivas o, tres alternas en un plazo de 35 días naturales, y en más de 20 dB(A), los índices de evaluación por ruidos en el ambiente exterior (55 de día y 45 de noche).