CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló la lía más con los chiringuitos y ordena ahora a Dharma, Atlanta, La Playa y Solé Rototom, adjudicatarios de los merenderos, el desmontaje de sus infraestructuras en el Gurugú y Pinar al no disponer de la autorización del Servicio Provincial de Costas. En la notificación enviada a los empresarios, advierte además que "en el caso de no paralizar la instalación o efectuar el cese del funcionamiento con carácter inmediato", se trasladará el expediente al Ministerio Fiscal "por si se ha producido la comisión de un delito".
En este sentido, el consistorio avisa que la Policía Local ya tiene permiso para "precintar las instalaciones y extender un boletín de denuncia al objeto de incoar un procedimiento sancionador". Fuentes municipales indican que las circulares se trata de "actos administrativos", que se ajustan a la normativa vigente. "El Ayuntamiento lo que hace es cumplir la ley", en alusión a lo que pone el contrato de explotación, que matiza que "la contratación, en todo caso, quedará condicionada a la obtención del permiso de Costas". Las mismas fuentes recuerdan que se trabaja en una solución a corto y largo plazo. Por ejemplo, la revisión de la calificación de los dos arenales.
Ante este giro de los acontecimientos, los empresarios barajan diferentes escenarios dependiendo de lo que ocurra de aquí al 20 de junio, fecha a partir de la cual consideran que no habrá beneficios por la explotación de sus puestos y, en consecuencia, desistirán de montar este año.
"Nos vamos a esperar unos días antes de tomar una decisión, porque creemos que al final el Ayuntamiento nos dará una solución. Si no se resuelve este conflicto antes de ese día 20, entonces tomaremos una decisión", asegura Javier Alegre, el portavoz de la asociación Adepla, que aglutina los negocios de playa.
Como ya publicó Castellón Plaza, entre las diferencias alternativas que barajan los empresarios se contempla la posibilidad de emprender acciones legal contra el consistorio, reclamando no solo una indemnización por daños, sino también una cantidad por lo que se conoce como lucro cesante, esto es, el perjuicio patrimonial derivado de la ganancia que se deja de obtener por incumplimiento de contrato. Los hosteleros siguen insistiendo en que en el expediente de contratación se recoge como periodo de explotación de los servicios de verano del 1 de junio al 30 de septiembre, a pesar de que igualmente se precisa en el penúltimo párrafo de la cláusula de duración que ese plazo estará sujeto a la autorización de Costas.
Las playas del Gurugú y Pinar, donde se ubican los cuatro chiringuitos, tienen nivel de protección máximo por el chorlitejo patinegro, tal cual señala el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Esto significa que solo está autorizada la actividad del ocio entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Durante el resto del año, queda prohibida la ocupación del espacio marítimo-terrestre. Sin embargo, el año pasado Costas consintió de manera excepcional adelantar el inicio de la temporada después de recibir un informe de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en el que subrayó que, tras una inspección in situ, no constató la presencia de nidos de la diminuta ave, especie vulnerable.