CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló prevé que la rehabilitación del inmueble de Borrull se adjudique antes de acabar 2020. El portavoz del ejecutivo municipal, José Luis López, considera factible aprobar la licencia de obras en las próximas semanas, aunque advierte de su dificultad. "Es un proyecto complicado, que afecta a cuatro viales y una pastilla de un edificio completo", subraya.
La Generalitat Valenciana, como entidad concesionaria, solicitó hace una semana el permiso para iniciar la licitación, de manera que ahora la pelota está en el tejado del negociado de Actividades. Una vez los técnicos culminen el informe con el dictamen favorable, la Junta de Gobierno Local será la responsable de avalar la autorización antes de remitirla a la Conselleria de Hacienda, responsable del concurso público.
Si bien oficialmente ninguna de las administraciones implicadas se aventura a hablar de plazos, el horizonte de diciembre está muy presente en las previsiones de unos y otros. "Por lo que trasladaba el Consell estos días, valoraban realizar la adjudicación a finales de año", asegura López, quien recuerda que "el proyecto lo ha elaborado la Generalitat Valenciana, a pesar de que nosotros [Ayuntamiento] también hemos participado".
La reforma de los antiguos juzgados de Castelló tiene un presupuesto base de 14 millones de euros. Al tratarse de una restauración integral, se contempla actuar en todos los niveles. Desde el sótano hasta la quinta planta del bloque. Con una nueva fachada de cerámica, energéticamente más eficiente y sostenible, la obra civil apuesta por optimizar los espacios para albergar los distintos departamentos relacionados con bienestar social.
Si no surgen imprevistos con la licitación, los cálculos apuntan a finales de 2022 o principios de 2023 como fecha de finalización de la ejecución. Desde la firma del acta de replanteo, la adjudicataria tendrá un plazo máximo de 22 meses para acometer la rehabilitación, en lo que representará la mayor inversión del Consell en Castelló desde el TRAM o la primera fase de la ronda Oeste.
A efectos prácticos como nueva sede de servicios públicos, Borrull jugará un papel esencial en la futura redistribución de áreas en el consistorio. Por un lado, descongestionará secciones que actualmente presentan problemas de masificación al desdoblarse a consecuencia de una mayor demanda ciudadana. Por otro, facilitará la implantación de nuevos negociados, dando respuesta a las necesidades surgidas con los cambios sociales.
Además, se recuperará el uso de un inmueble que desde 2006 permanece cerrado. El traslado de la sede judicial al PAU Gumbau supuso la estocada para una construcción obsoleta y que ya entonces precisaba de una profunda transformación por las deficiencias estructurales, algunas de ellas graves y que afectaban al normal funcionamiento de los distintos departamentos.