CASTELLÓ. El conflicto sobre el topónimo de Castelló tensa al Acord de Fadrell y corre el riesgo de acabar en el Contencioso-administrativo. La aprobación del requerimiento para que el Consell revoque el decreto acerca del cambio de nombre de Villanueva de Castellón pone de manifiesto las alejadas posiciones de los tres partidos que componen el gobierno local (PSPV, Compromís y Podem-EUPV), lo que supone una invitación a la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) para perseverar en su pretensión de provocar un nuevo desacord.
Así se pudo constatar en el pleno de este jueves, en el que el grupo socialista sacó adelante la propuesta con el apoyo de los mismas fuerzas políticas que rechazaron la normalización del nombre de Castellón en 2018, con la excepción de la formación de extrema derecha, entonces sin representación municipal. El debate y la explicación de voto sirvieron de excusa para activar el ventilador de los reproches, siendo la formación valencianista la diana de las críticas al votar en contra.
Tanto es así que su concejal, Francesc Mezquita, acabó afeando que "algunos han traído este debate aquí para hacer una cruzada contra el valenciano". Esa afirmación precipitó la intervención de la alcaldesa, Amparo Marco (PSPV), que corrigió al edil de Compromís al recordar que "lo que se trae al pleno es una propuesta de Alcaldía y le puedo asegurar que no es ninguna cruzada contra el valenciano. Yo también soy valenciana parlante", le advirtió.
Si la intervención de la primera munícipe no dejó a nadie indiferente, tampoco lo hizo el silencio del tercer socio del Fadrell, Podem-EUPV, cuyo portavoz, Fernando Navarro, desaprovechó los turnos de palabra para evitar posicionarse en favor de uno u otro partido. Esa indefinición se tradujo en la abstención tanto del munícipe como de su compañera en la confluencia, María Jesús Garrido.
Mezquita insistió en el poco "recorrido" del requerimiento y calificó de "pérdida de tiempo y falsa polémica" la porfía sobre el topónimo, algo que cuestionó el representante socialista, Omar Braina, al señalar que "se trata de defender los intereses de la ciudad, ejerciendo el Ayuntamiento su derecho de discrepar de otra administración".
En este sentido, fuentes de la Generalitat Valenciana consideran poco probable que la reclamación del consistorio prospere por la existencia de "informes favorables" que avalan el nombre de Castelló para denominar al municipio valenciano. "Si se cumplen unos requisitos, te obliga a resolver favorablemente", añaden. De hecho, insisten en la idea de que anular el decreto supone un peligro de cometer prevaricación.
Ante este escenario, la posibilidad de que Marco cumpla el tercer punto del requerimiento parece cuestión de tiempo. Y es que la corporación autoriza a la alcaldesa a "interponer por parte de la asesoría jurídica municipal el recurso Contencioso-administrativo contra la resolución expresa o presunta del Consell en caso de desestimar el presente requerimiento, así como los sucesivos que correspondan", según reza el documento.