CASTELLÓ. La presidencia del Patronato Municipal de Fiestas valora proponer en el Consell Rector de este miércoles asumir la moción del PP y Ciudadanos, en la que se insta a convocar la asamblea general y dotar de más autonomía a la Junta de Festes, pero con matices que intuyen la enésima disputada política entre el Acord de Fadrell y la oposición.
La alternativa que gana más enteros para recuperar la normalidad en el món de la festa pasa por considerar la propuesta aprobada en el pleno del pasado 19 de diciembre, y detonante del desacord, pero apurando los plazos legales. Según marca el reglamento de plenos y comisiones, el acatamiento de cualquier moción debe producirse dentro de los primeros seis meses desde su aprobación por la corporación. Ese intervalo hasta el 19 de junio (en este caso concreto) es al que pretende aferrarse el órgano festero.
Con ello, se evitaría interferir en la organización de la Magdalena 2020, que se celebrará del 14 al 22 de marzo. Además, se haría coincidir la celebración de la asamblea de fiestas con la culminación de los nuevos estatutos, máxime cuando el informe jurídico para avalar la disolución de la Junta de Festes apremia a acortar los tiempos respecto a la elaboración de la nueva reglamentación del Patronato de Fiestas.
A diferencia de lo ocurrido en el último Consell Rector, en el que Compromís se desmarcó de la disciplina del Fadrell, los representantes de la coalición nacionalista se alinearán con sus socios de gobierno en aquellos asuntos propuestos directamente por la presidencia, a cargo de la concejala, Pilar Escuder (PSPV).
En este contexto, resultará inevitable abordar el citado informe jurídico que avala la supresión del ente festero en la forma pero no el fondo la decisión.
El orden del día de la reunión de este miércoles, además de dar cuenta del acuerdo plenario [la moción], servirá para autorizar las bases reguladoras con vistas a la instalación de las distintas carpas en Magdalena, desde la feria de la cerveza, pasando el mesón del vino o el mercado artesanal, hasta un foodtrucks.
Cada uno de los pliegos deberá ser verificado en última instancia por la Junta de Gobierno Local para impulsar la adjudicación en régimen de concurrencia competitiva.