Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado -con condiciones- la macroplanta fotovoltaica denominada Magda, la mayor que ha visto la luz hasta el momento en la provincia de Castellón y que ha generado no poco rechazo de entidades vecinales y administraciones valencianas, como la Diputación de Castellón o la Generalitat Valenciana.
Así pues, la noticia no ha caído nada bien, como podía esperarse. Hasta el punto que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que dirige la consellera Isaura Navarro, ha remitido una carta al Ministerio en cuestión nada más publicarse la declaración de impacto ambiental favorable en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre otras cosas, la administración valenciana le recrimina a la central la omisión de trámites y le insta a "revisar y corregir" el documento.
La misiva, suscrita por el director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Julio Ramón Gómez, exige al Ministerio de Transición Ecológica que incorpore en la declaración de impacto ambiental (DIA) "la totalidad de los trámites llevados a cabo" por la Generalitat Valenciana y que eran "explícitamente desfavorables". E insiste en la postura que había manifestado la administración autonómica: la planta promovida por el grupo francés Akuo y el chino Premier, y que pretende ocupar más de 472 hectáreas, tiene unos "efectos negativos desde el punto de vista medioambiental" que "quedan fuera de toda duda".
Así, el director general explica que la declaración de impacto ambiental formulada por el Ministerio supone que el proyecto pueda ser ejecutado sin que suponga un riesgo al medio ambiente y los recursos naturales siempre que cumpla con determinadas condiciones fijadas por el Gobierno. Ahora bien, al responsable valenciano le "resulta especialmente llamativo que se haya ignorado" la resolución de declaración de repercusiones remitida por él mismo y según la cual la línea eléctrica de evacuación y sus características son "ambientalmente inaceptables".
A ello, había que sumar otras objeciones puestas de relieve por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Todo ello en sendos informes que, si bien estaban solicitados por el Ministerio en el marco de la tramitación administrativa, no eran de carácter vinculante. Con todo, "la omisión" a esa declaración de repercusiones es "relevante" según Gómez porque, entre otras cosas dicha declaración "impide la oportunidad de establecer unas medidas preventivas, correctoras y compensatorias que han sido consideradas insuficientes por esta dirección general".
En ese sentido, insiste el alto cargo del Consell, esta "no incorporación por parte del Ministerio de un trámite tan relevante como el indicado da lugar a una situación de inseguridad que no debería haberse producido". Y es que, por otro lado, la DIA prevé que la Generalitat valide las medidas compensatorias sobre biodiversidad, medidas que son, en sus palabras, "irrelevantes para evitar los efectos ambientales que producirá una infraestructura de la magnitud de la proyectada".
Así pues, la consellera del ramo, Isaura Navarro reclamó al Ministerio que "recapacite y tenga en cuenta la grave afección medioambiental que tiene este macroproyecto como ya informamos desfavorablemente semanas atrás". "La verdad es que no sólo es una afección medioambiental y contra la avifauna, también a un territorio eminentemente agrícola, afectando a nuestra soberanía alimentaria, a la zona y su paisaje, y al despoblamiento contra lo que también estamos luchando desde la Generalitat", sentenció Navarro.
Por su parte, la directora general de Política Territorial i Paisaje, Rosa Pardo, publicó en redes sociales su desacuerdo con la decisión. La DIA "no nos convence: de los informes de Territorio y Paisaje omite la desaparición de paisajes de gran valor, la reducción de la conectividad y la ocupación de suelos de recarga de acuíferos", aseveró en su cuenta personal.
Las asociaciones que se han manifestado radicalmente en contra del proyecto, como Nostra Terra -con la que se reunió la propia Navarro hace dos semanas-, empezaron a estudiar este martes la DIA informada por el Ministerio. Por el momento, no plantean todavía acciones pero prevén reunirse en los próximos días con vecinos y afectados para analizarla a nivel jurídico y ver qué pasos se pueden dar.
Mientras, continuará el trámite administrativo del proyecto. Tras superar la declaración de impacto ambiental, el Ministerio debe tramitar la autorización administrativa previa -que permite avanzar algunas actuaciones iniciales sobre el terreno-, y la autorización constructiva. Y por otro lado, la iniciativa deberá conseguir los permisos de obra de los diferentes ayuntamientos implicados. Dependiendo de los tiempos de cada administración, los plazos para el inicio de las actuaciones podrían oscilar entre los nueve y los doce meses, según fuentes conocedoras de este tipo de tramitaciones.
Tras conocer la publicación de la DIA en el BOE, varios cargos de Compromís salieron al paso para criticar con dureza la actuación del Ministerio de Transición Ecológica. Además de la consellera Navarro y la directora general Pardo, el diputado nacional Joan Baldoví remarcó que la aprobación se hace "en contra de los informes negativos de la Conselleria de Territorio". Por eso, declaró que supone "un mazazo y una declaración de guerra a las comarcas interiores de Castellón".
Así, prosiguió diciendo que el macroproyeto y su aprobación es "un auténtico escándalo" y "un mazazo a la lucha contra la despoblación, a la agricultura que fija población en las comarcas del interior, contra nuestro paisaje, al uso racional del territorio y un mazazo también a la soberanía alimentaria valenciana". "Hay muchas veces que coincidimos con el PSOE, pero hay demasiadas veces que las políticas del PSOE se parecen sospechosamente a las del PP; vemos que no hay diferencia", sentenció al respecto.
También se pronunció el exconseller y diputado autonómico Vicent Marzà, quien criticó que se vayan a talar 60.000 almendros "en plena producción". "Han dicho que sí a la Magda; según el Gobierno de España no pasa nada por talar 60.000 árboles que trabaja la gente del territorio para plantar miles y miles de placas solares", subrayó, para añadir que Compromís siempre ha estado en contra "de este modelo que depreda el territorio para implantar energía solar". "Hay alternativa, es posible hacer energía solar sin degradar el territorio", aseguró.
