CASTELLÓ. La provincia de Castellón roza ya los 20.000 trabajadores afectados por alguno de los 4.355 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han dado desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus. El total de empleados sometidos a estas regulaciones alcanzan los 19.629, lo que supone 2.484 afectados más que el día anterior. De lunes a martes de esta semana, en Castellón se contabilizaron 603 nuevas tramitaciones en los registros de la Conselleria de Economía Sostenible, según fuentes del departamento que dirige el conseller Rafa Climent.
Por otro lado, la Comunitat Valenciana ha superado este martes los 200.000 trabajadores afectados por ERTE. En la que es ya la tercera semana desde que se decretara el estado de alarma para evitar la expansión del coronavirus, la Conselleria ha acumulado un total de 36.760 expedientes que afectan 210.942 personas, datos que suponen 5.112 peticiones más que el lunes y 23.648 nuevos trabajadores afectados.
En concreto, la Dirección General de Trabajo ha recibido, desde el 12 de marzo hasta las 00.00 horas del 30 de marzo, un total de 331 ERTE que afectan a 32.177 trabajadores, según recoge Europa Press.
En la dirección territorial de Valencia se han registrado 17.538 expedientes sobre 87.824 trabajadores; en Alicante, 14.536 expedientes de 71.312 trabajadores, y en Castellón los ya aludidos 4.355 expedientes que afectan a 19.629 trabajadores.
Ante esta avalancha de expedientes, la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se reforzó la pasada semana con 30 funcionarios procedentes del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, (Labora).
De esta manera, actualmente trabajan en esta dirección general y en sus servicios territoriales de València, Castelló y Alicante un total de 40 profesionales para atender todas las solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibidas y poder resolverlas dentro del plazo establecido por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.