CASTELLÓ. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, lamenta que la alcaldesa, Amparo Marco, vuelva a incumplir los plazos que su gobierno viene fijando para aprobar el Plan General, prometiendo a los castellonenses un planeamiento urbanístico que, "después de seis años que lleva este gobierno al frente de la ciudad, ni está ni se le espera".
El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana acaba de publicar que las normas urbanísticas transitorias de urgencia a las que está acogido el Ayuntamiento de Castellón se prorrogan un año más, hasta el 30 de abril de 2022, tal y como recoge el texto oficial. "Por acuerdo de 14 de mayo de 2021 se concede una ampliación de las mismas para evitar el vacío legal de no tener en vigor el Plan General que el gobierno de izquierdas lleva prometiendo durante años y que no deja de ser una quimera", añade Toledo. La aprobación definitiva de esa ampliación se produce tras concluir la consulta pública, iniciada el pasado 15 de febrero, cuando el DOGC ya recogió un cambio respecto a la duración de las citadas normas urbanísticas.
En el 2019 el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos ya hablaba de que su aprobación estaba cada vez más cerca anunciando un proceso de participación ciudadana que ha generado más reproches que aciertos. "Desde entonces todo han sido anuncios pero ninguna realidad. Hace dos años se marcaron como fecha tope para su aprobación el 1 de abril de 2021, ya que ese día acababa la segunda prórroga de las normas transitorias urbanísticas de urgencia aprobada por el Consell. Estamos en mayo y seguimos sin Plan General pese a que en diciembre de 2020 el anuncio fue que Castelló tendría nuevo Plan General en los primeros meses del 2021. La realidad es que lo único que tenemos es una nueva prórroga, y ya van tres, porque el gobierno de Amparo Marco sigue incumpliendo todos los plazos que ha ido dando a los castellonenses", apunta el portavoz popular adjunto.
Y advierte que el Plan General que pretende aprobar Amparo Marco sin consenso no va a ser la solución para los vecinos, por ejemplo, de la Marjaleria. "Las asociaciones vecinales lo saben, por eso, tanto éstas como nosotros desde el Partido Popular de la ciudad de Castellón hemos presentado alegaciones con el objetivo de que las características especiales que tiene la Marjalería sean tenidas en cuenta, igual que la opinión de otros colectivos sociales y expertos en urbanismo, a la hora de aprobar un modelo urbanístico para los próximos 20 años que nazca del máximo consenso y no tener un Plan General impuesto que no respeta la participación ciudadana".
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.