El PP calcula que el Fadrell tendrá que devolver 1,4 millones de multas por las cámaras de vigilancia

CASTELLÓ. El PP estima que el Ayuntamiento de Castelló tendrá que devolver al menos 1,4 millones de euros de las multas por las videocámaras. Sin embargo, esa cantidad resultaría todavía mucho mayor si se incluye el periodo de mes y medio de prueba, que finalizó el 16 de febrero. Así, entre el 1 de enero y el 14 de marzo, cuando se decretó la suspensión del sistema de fiscalización, la Policía Local habría impuesto sanciones por valor de 9 millones de euros, según asegura la portavoz popular, Begoña Carrasco.

Todos estos cálculos se extraen a partir del informe que sirvió para justificar el decreto de interrupción de los dispositivos de vigilancia. En ese documento, se habla de que solo en el periodo de activación del sistema de fiscalización se impusieron 7.000 denuncias, a razón de 200 euros por cada una de ellas (1,4 millones de euros).

No obstante, el principal partido de la oposición sospecha que la cuantía total superaría esa suma, ya que "por el hackeo no ha sido posible constatar las multas de las últimas semanas", explica Juan Carlos Redondo, edil responsable del área económica del principal partido de la oposición. Castellón Plaza pidió este lunes al gobierno municipal contrastar esas cifras y no logró verificar si los datos ofrecidos son reales. 

Por otro lado, los populares dudan sobre la devolución de las multas cobradas ante el peligro de incurrir en un delito de prevaricación. "Esas sanciones se impusieron de acuerdo a una normativa, por lo que no es tan fácil", precisa Redondo a propósito del reintegro.

El pasado 21 de mayo, el concejal de Movilidad, el socialista Jorge Ribes, aseguró que el consistorio procederá al reembolso de la totalidad de las sanciones, con independencia de los canales empleados con vistas a solicitar la restitución económica. El contribuyente tiene dos posibilidades: bien pedir la reposición con una instancia por registro, bien esperar a que desde la oficina de recaudación se efectúe la transferencia bancaria tras comprobar que existe una multa pendiente por las videocámaras.

A la espera de la campaña

En este segundo caso, el ejecutivo local no sabe a partir de cuándo los traspasos serán efectivos, aunque la idea pasa por liquidar todas las denuncias antes de finalizar el año. Cabe recordar que a partir del 1 de octubre se reactivará el método de fiscalización. En las próximas semanas, el Acord de Fadrell impelerá una campaña informativa para explicar el funcionamiento de las cámaras de acceso al centro y evitar la polémica que obligó a mediados de marzo a paralizar el servicio.

La presión de los comerciantes, hosteleros y vecinos, con recogida de firmas y distintas movilizaciones en la calle, forzó al Ayuntamiento a reconsiderar el sistema, a pesar de que la finalidad última estriba en implantarlo definitivamente después del verano. De hecho, Ribes ha reiterado en diferentes ocasiones que la Unión Europea exige desarrollar políticas sostenibles con el propósito de reducir la contaminación por CO2 y convertir el casco antiguo en una zona peatonal más amable y segura.