CASTELLÓ. Cumplida una semana del terremoto político de los últimos tiempos en la provincia, todavía no se ha avanzado demasiado en la búsqueda de soluciones en el caso del Partido Popular de Onda. Tal y como ha podido saber este periódico, el Partido Popular de Onda sigue a la espera de conocer la resolución que disuelve la presidencia elegida por los afiliados hace poco más de un mes en el congreso local.
Los populares consideran que estos votos les legitiman y están convencidos de no haber vulnerado ninguno de los derechos o deberes de los estatutos del PP por lo que, nada más dispongan de esta resolución, recurrirán ante el Comité de Derechos y Garantías del PP como primera medida.
Cabe señalar que este es un organismo que resuelve los conflictos jurídicos internos del partido. De hecho, desde el PP de Onda están convencidos de que la polémica se resolverá dentro del propio partido en breve. La dirección regional de Carlos Mazón ha hablado en principio de seis meses de plazo provisional.
El conflicto que habría desatado tras retirar la alcaldesa de Onda (y presidenta del PP hasta hace una semana) algunas comptencias a dos de sus concejales: Salvador Aguilella y Elena Albalat. Una actuación que llevaba aparejada una retirada de retribución económica del Ayuntamiento de Onda y que habría provocado el conflicto.
Por su parte, tampoco la nueva gestora ha recibido instrucciones. Los nuevos responsables de la gestora fueron convocados a la sede central del PP de la Comunitat en la avenida América y se les explicaron sus nuevas funciones. De hecho, en el caso del presidente de la gestora, Vicente Ramón, era el secretario general del anterior presidente, Salvador Aguilella, pero destaca por su carácter dialogante y por mantener una buena relación con todas las partes.
Según argumentó la secretaria general del PPCV, María José Catalá, la gestora se activa por "disfunciones" entre el equipo de gobierno municipal de Onda y la estructura del partido local. Una decisión que también se ha tomado en la localidad alicantina de Orihuela y son decisiones traumáticas impulsadas por la nueva dirección regional al tener ya "toda la maquinaria electoral en marcha".
Cabe recordar que las últimas veces en que el PP había recurrido a gestoras fue en momentos de mucha tensión para los populares, como la imputación de casi todos los ediles del PP en el Ayuntamiento de València por el caso Taula (ya archivado) o por el encarcelamiento de Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de València y que fue resuelta tras años de interinidad tras el congreso que dio la presidencia a Vicente Mompó.
De momento, las posiciones están muy enfrentadas ya que la retirada de salario a Aguilella (secretario general provincial) y a la Albalat (vicesecretaria regional) se ha interpretado como un ataque a la dirección provincial y a la regional lo que habría provocado la puesta en marcha de la gestora que, además, ha tenido réplicas en toda la provincia. Sin embargo, todo en el PP se confía en poder llegar a un acuerdo entre las partes en beneficio de toda la provincia al no beneficiar a nadie la grieta abierta en Onda y su profundidad.