El topónimo 'Castelló' se atasca en el TSJCV más de un año después de presentar el Fadrell el recurso

CASTELLÓ. El conflicto por el topónimo Castelló se atasca en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Más de un año después de haber registrado el recurso Contencioso-administrativo, el Ayuntamiento de la capital de la Plana continúa sin tener noticas. Aunque inicialmente se pensaba que el máximo órgano del poder judicial se pronunciaría antes de acabar 2021, fuentes municipales admiten ahora que ante la tardanza se desconoce cuándo podría conocerse la resolución.

La asesoría jurídica del consistorio presentó a finales de enero del pasado año la alegación contra el decreto del Consell, por el que autorizó el 4 de septiembre de 2020 el cambio de nombre del municipio valenciano de Villanueva de Castellón por la forma exclusiva en valenciano Castelló. En julio, el mismo departamento municipal aportó la última documentación adicional, que se incorporó al expediente para su valoración por parte de la sala asignada del TSJCV. Desde entonces, no ha vuelto a producirse ninguna novedad a pesar del especial interés de la alcaldesa, Amparo Marco, por solucionar el tema en esta legislatura.

El origen de la polémica

Hay que retroceder hasta junio de 2020 para conocer el origen de la polémica. La localidad de la Ribera Alta, en pleno debate sobre su nueva denominación, solicitó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua un informe a fin de valorar las distintas alternativas en función de la historia. La Secció d'Onomàstica señaló que la designación Castelló es "la manera tradicional por la cual es conocida la población en toda la comarca y por todos los vecinos".

El dictamen amparó a la Generalitat para autorizar el cambio de denominación en septiembre del mismo año. Lo hizo con la aprobación de un decreto que el Ayuntamiento de la capital de la Plana recurrió mediante acuerdo plenario meses después.

Dicho acuerdo se adoptó en la sesión del 29 de octubre, en una votación envuelta en polémica y que evidenció discrepancias en el seno del Fadrell. La propuesta promovida por la alcaldesa salió adelante con el apoyo de los concejales de su grupo (PSPV) y los de la oposición (PP, Cs y Vox). Sin embargo, los otros dos socios de gobierno se desmarcaron. Compromís rechazó judicializar el asunto y Podem-EUPV se abstuvo. El requerimiento, además de abrir la vía de la "cortesía" para que el Consell revocara el decreto, facultó al área jurídica del consistorio con vistas a emprender acciones legales en caso de ser desatendida su petición.

En diciembre, la administración autonómica rechazó la reclamación de Alcaldía. En su argumentación, advirtió que podía cometer prevaricación al contravenir informes que avalan el cambio de nombre del municipio valenciano. La denegación derivó en el recurso Contencioso-administrativo, que la capital de la Plana formalizó ante el TSJCV el 29 de enero de 2021.

El nombre exclusivo de 'Castelló de la Plana'

El litigio por el topónimo Castelló no tiene nada que ver con otro proceso judicial que recientemente se resolvió de manera favorable a los intereses del Acord de Fadrell. El 12 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestimó el recurso presentado por el PP en junio de 2019 contra el decreto del Consell que aprobó, a instancias de la corporación municipal, el cambio de denominación del municipio por la forma exclusiva en valenciano Castelló de la Plana.

Según la sentencia, "no se infringe ninguna disposición normativa y la nueva denominación de la ciudad, que está incluida entre las de predominio valenciano parlante, es acorde con su tradición histórica y lingüística".