El PP denuncia trato discriminatorio entre la cruz de Cervera del Maestre y el monumento de Ribalta

CASTELLÓ. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denuncia el trato discriminatorio y "sectario" entre la Cruz de Cervera del Maestre, que el catálogo del gobierno de Ximo Puig salva de los monumentos afectados por la Ley de Memoria Histórica, porque fue resignificada y, sin embargo, "condena a su desaparición a la Cruz del Ribalta, bajo la misma circunstancia". Cabe recordar que por acuerdo plenario de 1979, ésta también se resignificó para rendir homenaje, desde hace 43 años, a todas las víctimas de la violencia, sea del tipo que sea.

"Cualquier acción contra la Cruz del Ribalta no tiene más sentido que el de atacar al símbolo religioso porque no es un vestigio de la Guerra Civil. Si el gobierno de Amparo Marco lleva a cabo su intención de deshacerse de la Cruz del Ribalta podría incurrir en un delito de prevaricación", señala la portavoz popular.

Tras el nuevo aviso al equipo de gobierno de Amparo Marco por parte de la Justicia -que acaba de decretar medidas cautelares que paralizan la eliminación del monumento-, Carrasco pide a la alcaldesa cordura y sentido común. "Marco debe rectificar para que su gobierno desista en la persecución de la Cruz del Ribalta para eliminarla. Desde hace 43 años es un símbolo religioso por acuerdo plenario, igual que la Cruz de Cervera del Maestre. Y por otro lado, le instamos a proteger el patrimonio de la ciudad, evitando la desaparición de ilustres como Manuel Segarra Ribes, creador de la cabalgata del Pregó, o la figura de Lluis Revest, quien fue cronista oficial de la ciudad e impulsor de les ‘Normes de Castelló’ o el Doctor Clará, cofundador del Hospital Provincial, insigne figura e Hijo Adoptivo de la ciudad, a quienes señala el polémico catálogo por el mero hecho de coincidir en el tiempo con el mandato de Franco, menospreciando el papel destacado que tuvieron en la vida social y cultural de la ciudad", añade.

Además, insiste, "es la alcaldesa Amparo Marco la que debe explicar por qué el listado de vestigios afectados por la Ley de Memoria Histórica en la ciudad de Castellón, que su propio gobierno remitió en 2016 a la Generalitat para formar parte del polémico catálogo, antes era válido y ahora no. Ahora pretenden alegarse a sí mismos al no poder esquivar las críticas que les han llovido por señalar y estigmatizar a quienes nada tuvieron que ver con el régimen de Franco. Y todo por culpa del sectarismo ideológico que les delata. Ahora, de manera selectiva buscan sacar del listado a determinados ilustres que ellos mismos avalaron borrar del callejero de la ciudad hace cinco años".