CASTELLÓ. El Acord de Fadrell da otro paso más para retirar la cruz de Ribalta. La firma del decreto que culmina la resolución del contrato con Solaris Purgaret, anterior concesionaria, despeja el camino legal para que Vainsa Infraestructuras ejecute la obra una vez se confirme su adjudicación. El trámite administrativo, rubricado electrónicamente el 9 de noviembre, no se trata de una cuestión menor. Al contrario, tiene una especial importancia por sus derivaciones.
Por un lado, ofrece a la empresa valenciana amparo jurídico en el hipotético caso de verse implicada en alguna causa de la mercantil castellonense (la primera). Por otro, finiquita el citado decreto de resolución iniciado por el Ayuntamiento de Castelló el 2 de septiembre tras corroborar el incumplimiento del contrato. Asimismo, el propio consistorio acredita blindaje procesal al incorporar en el expediente el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en el que se avala la decisión municipal.
Otro aspecto a destacar obedece a la incoación del expediente sancionador a Solaris Purgaret. No solo se habla de establecer la indemnización correspondiente según lo que determina el pliego de cláusulas administrativas. También se recoge la determinación "de la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por el Ayuntamiento" a raíz de la inobservancia de la primera concesionaria de la obra civil.
Por otro lado, el decreto pone de manifiesto la correcta actuación del equipo de gobierno durante todo el proceso. Incluso, respalda la decisión de anular el contrato de manera unilateral, algo que la mercantil cuestionó en sus alegaciones. Solaris Purgaret, dentro del periodo de audiencia de 10 días tras aprobarse la resolución, envió un escrito para señalar que "no existe justa causa" para proceder a la cancelación.
Además, la compañía advirtió sobre los perjuicios "tanto económicos como personales" generados de "una serie de circunstancias subsumidas en la ejecución". En concreto, se refirió a la ampliación de la querella de Abogados Cristianos contra la concejala de Patrimonio, Pilar Escuder, por contratar "una empresa fantasma". Del mismo modo, insistió en que su solicitud de paralizar la ejecución se sustentó en la existencia de varios Contencioso-administrativos y la introducción de modificaciones sustanciales en el contrato, una argumentación que la dirección facultativa calificó de "falsas".
Como consecuencia, el Ayuntamiento desestimó el recurso de la empresa, aunque es ahora cuando se recoge de forma pública en el decreto que zanja la resolución. Esto permite continuar adelante con la tramitación administrativa de la tercera licitación. Tras haber garantizado Vainsa la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para realizar la actuación, el siguiente paso consiste en aceptar la adjudicación y, a continuación, sellar el contrato y firmar el acta de comprobación de replanteo.
El Fadrell sigue mantenimiento su previsión de retirar el monumento antes de Navidad. Esto no significa necesariamente que la ejecución se vaya a completar dentro de este año. La restitución del jardín de 1926 alargará las obras durante un tiempo en vista de que el plazo alcanza las seis semanas.