El Síndic de Greuges, Ángel Luna . Foto: INMA CABALLERVALÈNCIA. (EP) El Síndic de Greuges reclama en su Informe Anual de 2021 cambiar el procedimiento de gestión de la Renta Valenciana de Inclusión y las ayudas a la dependencia, así como que se aborden con urgencia las muchas carencias del sistema de salud pública y de atención primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria.
Así lo ha indicado el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en la presentación en Les Corts del Informe, en el que consta que el pasado año se iniciaron 4.125 nuevas quejas, más otras 20 de oficio, y se han atendido 16.765 consultas ciudadanas, centradas en la "incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía, debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos".
En concreto, el número de consultas es el más elevado de los últimos tres años, mientras que las quejas superan ligeramente las de 2020 (4.125 frente a 4.035), pero se mantienen por debajo de las de 2019, cuando fueron 4.528.
Porcentualmente, el número de quejas por provincias es de 1.864 en Alicante; 1.835 en Valencia y 331 en Castellón. La provincia de Alicante tiene una tasa más elevada de quejas que las otras dos --99,06 por cada 100.000 habitantes, frente a los 56,38 de Castellón y las 70,87 de Valencia--. La media autonómica se sitúa en 79,67 quejas por 100.000 habitantes.
La vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública y los "graves atentados" al derecho a la participación política también han provocado numerosas denuncias al Síndic, que además, también destaca que hay "problemas recurrentes" que vienen desde años anteriores.
Por lo que respecta a las quejas que se han admitido a trámite (2.862), los servicios sociales concentran la mayor parte de las quejas (36,34%). De las 1.040 que ha habido, 435 son por la dependencia; 269, por la renta valenciana de inclusión; 148 por diversidad funcional; 116 de familias y 55 por prestaciones varias, 13 de mayores y cuatro de derechos de género e igualdad.
Hay 314 quejas por transparencia, de las que 182 se refieren al acceso a la información; 241 por empleo (de las que 228 están relacionadas con empleo público); 193 por régimen jurídico, 191 por servicios públicos y 172 de Sanidad.
En concreto estas quejas se centran en la atención especializada (48), la salud pública (36), la información sanitaria (15), la atención primaria (11), las listas de espera (nueve) y la asistencia hospitalaria (cuatro). Luna ha considerado que "hay pocas quejas" en comparación a otras áreas, pero esto es debido al sistema de atención e información del paciente de la propia Conselleria, que ya "criba" al paciente.
Las cuestiones que se arrastran desde años anteriores, a juicio del Síndic, "ponen de manifiesto la incapacidad de las administraciones para satisfacer derechos básicos de la ciudadanía, con los actuales medios y procedimientos administrativos vigentes". De hecho, muchas administraciones apuntan a la falta de medios como justificación a su falta de respuesta.
Esta situación viene, en parte, de la deficiencia de financiación autonómica, que "se vienen arrastrando durante demasiados años y que perjudican de forma significativa la capacidad de actuación de las administraciones autonómicas y locales".
Luna ha remarcado que hay "muchas carencias" en las administraciones públicas, y ha criticado los "procedimientos muchas veces complejos" que rigen. Y es que, pese a la falta de recursos, "con los que tienen, seguramente habría procedimientos más ágiles". También ha abogado por la "flexibilidad" en la movilidad de los funcionarios.
Según la Sindicatura, "tampoco se han resuelto los innumerables problemas que ocasiona el mal funcionamiento de los aplicativos informáticos utilizados en la gestión de los títulos de familia numerosa, de la dependencia y, especialmente, de la renta valenciana de inclusión. Abordar ya estas carencias es muy urgente", ha remarcado la Sindicatura. "Todo esto es burocracia, es retraso", ha señalado Luna.
En su informe, el Síndic ha denunciado los "excesivos retrasos en el reconocimiento de derechos de carácter vital". "Habida cuenta del considerable esfuerzo que ha realizado la Generalitat para incrementar, año tras año, las dotaciones presupuestarias dedicadas a estas materias, resulta inexcusable modificar los procedimientos de gestión de estas
ayudas", ha agregado.
Una de ellas, ha remarcado Luna, es en la burocracia para el acceso a las ayudas de la dependencia por la cesión a los Ayuntamientos de la gestión de parte de estas subvenciones, pero "sin ningún poder de decisión", lo que obliga a un "vaivén" de papeleo entre consistorios y Conselleria.
En cuanto a la RVI, ha criticado el "criterio de la Conselleria de Igualdad de denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial, sin tomar en consideración todo el tiempo que ha estado sin trabajar y los meses de infructuosa espera sin percibir la renta". "Esta actitud de la Conselleria está desincentivando de forma notoria la búsqueda de empleo", ha considerado Luna.
Preguntado por la gestión de la Conselleria de Igualdad y las quejas reiteradas sobre la tramitación de la dependencia, Luna ha criticado que "no están ofreciendo ningún tipo de solución". "Es un poco frustrante a veces ver cómo parece que nadie responde", ha lamentado.
De hecho, ha lamentado que en el caso de la dependencia y el "vaivén" entre ayuntamientos y Conselleria, no se haya hecho una "reflexión de calado". En este sentido, ha lamentado que no se haya "replanteado" en cinco años "si el modelo diseñado es el más eficaz para satisfacer los derechos" de los ciudadanos. "No son normales los atascos que tenemos a estas alturas", ha agregado.
Luna ha remarcado la necesidad de reformar la atención primaria en sanidad, y más debido a la pandemia: "No ha habido una respuesta a la altura de la angustia que provoca la falta de contacto y la sensación de abandono por parte de servicios elementales. Sensación de abandono que se multiplica en el caso de personas mayores, sin acceso a las nuevas tecnologías", ha manifestado el Síndic.
Por ello, el Síndic exige la pronta materialización de los anuncios del Consell relativos a la puesta en marcha de nuevos planes para reforzar la capacidad del sistema sanitario público, singularmente de la atención primaria, con el objetivo de convertirla en el eje de todo el sistema, porque vienen con varias olas de retraso.
Respecto a la gestión de las ayudas al acceso a la vivienda, ha vuelto a remarcar las trabas para su acceso. Por ejemplo, se ha referido a la necesidad de presentar solicitud telemática para acceder cuando las personas que necesitan una vivienda no tienen, habitualmente, acceso a internet. "Esto supone no entender a qué clase de gente, ciudadanos o tipo de sector social se están dirigiendo", ha remarcado Luna.
Por otra parte, Luna ha mostrado también su "alarma" por el "crecimento de las quejas relacionadas con la transparencia". "Cada vez son más los concejales de la oposición de diferentes colores políticos, que tienen que acudir al Síndic para que el Ayuntamiento les dé acceso a información a la que tienen derecho", ha remarcado. "Un concejal de la oposición es tan concejal como el alcalde y tiene derecho a conocer los mismos datos sobre el ayuntamiento que el alcalde", ha remarcado.
