Función Pública 'da largas' a la propuesta de reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios

VALÈNCIA. Ni sí, ni no. 'Lo miramos'. Esta, en resumidas cuentas, es la respuesta de la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo a la propuesta que este jueves le trasladó UGT de reducir la jornada laboral de los funcionarios valencianos a 35 horas semanales en aras del acuerdo alcanzado a nivel nacional con el Gobierno de España. 

En una misiva dirigida a la Dirección General de Función Pública esta semana, el sindicato recordaba que en octubre de 2022, UGT y CCOO sellaron un pacto con el Ejecutivo central en el que quedó negro sobre blanco "la apuesta de las administraciones públicas por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas como una de las medidas para alcanzar los objetivos de fomento del empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento".  

En base a este compromiso, en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez eliminó las limitaciones que desde 2018 impedían implantar la jornada de 35 horas semanales si no se cumplían los objetivos de déficit por parte de las distintas administraciones. En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, este condicionante había impedido establecer esta jornada a los funcionarios y, en particular, en el ámbito de la Administración del Consell. 

Incluso, a pesar de que el decreto 42/2019 sobre las condiciones de trabajo de los empleados públicos establece dos tipos de jornada laboral con carácter general: de 35 horas y de 37 horas y treinta minutos semanales. Sin embargo, "la jornada de 35 como tal no se ha aplicado porque estaba condicionada a que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto", según explicaba el sindicato en el escrito.

Con todo, UGT consideraba que al haber desaparecido este impedimento de la legislación estatal y que las 35 horas ya estaban contempladas en el decreto valenciano, "nada" impediría ahora "al Consell implantarla, al menos en el ámbito de la Administración del Consell y su sector público". "Nuestra interpretación de la normativa es que resulta inaplazable implantar la jornada de las 35 horas y únicamente resta el procedimiento que deba tramitarse y aprobarse", apuntaba el escrito.

En la Conselleria de Función Pública, sin embargo, no las tienen todas consigo. Fuentes oficiales reconocen que no están cerrados a estudiar la propuesta, pero también puntualizan que esta es una cuestión en la que también debería participar la Conselleria de Hacienda porque el decreto valenciano sigue ligando la posibilidad de reducir la jornada laboral de los funcionarios al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Una cuestión que, cabe apuntar, con la supresión del condicionante en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 el Consell podría eliminar de su normativa para dejar de estar supeditada a cumplir estos objetivos. El sindicato, de hecho, afirma que se trata de una cuestión de "voluntad" política. Por lo pronto, en la Conselleria ni lo descartan, ni lo aceptan.