CASTELLÓ. La nueva adjudicataria de Cardona Vives ya tiene vía libre para formalizar el contrato de rehabilitación y explotación del histórico aparcamiento de Castelló. El litigio de la actual concesionaria, Saba, con el Ayuntamiento parece que llega su fin tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respecto a la subrogación de los trabajadores. Al menos, así lo señalan fuentes municipales.
El máximo órgano judicial autonómico falla a favor de la compañía catalana y obliga a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Jujosa-BDG, ganadora de la licitación, a asimilar los cinco empleados del parking, cuatro a jornada completa y un quinto con una dedicación del 40%. El total del gasto de personal asciende a 159.075 euros al año.
La resolución del TSJCV responde al primer recurso de los tres que Saba interpuso ante el Contencioso-administrativo desde septiembre de 2022, esto es, cuando comenzó el concurso público en la plataforma de Contratación. En concreto, se refiere a la petición de absorción de los empleados por parte de una nueva concesionaria en el caso de perder la gestión del subterráneo, que asume desde su apertura en 1975.
Inicialmente, el juzgado rechazó esa solicitud y dio la razón al consistorio al entender que el convenio incluido en el pliego de prescripciones técnicas y administrativas del contrato de explotación no recoge la subrogación. Ante la sentencia desfavorable, Saba elevó la causa al TSJCV, que ahora sí estima la argumentación de la mercantil.
La compañía catalana siempre ha defendido que las bases contienen un error de redacción al aludir al marco legal de transportes de mercancías por carretera de Castellón, que data de 2009. Según interpreta el TSJCV, el convenio colectivo adecuado para la gestión del parking es el del sector de aparcamientos y garajes, de ámbito nacional, el mismo que la propia empresa aplica a sus trabajadores. Un tratado profesional que establece la subrogación en casos como el de Cardona Vives.
Las mismas fuentes municipales aseguran que, además de la resolución, se ha recibido otra del Tribunal Superior de Justicia en la que se recalca que la adjudicación no se suspende, como había reclamado Saba en otro de los Contencioso-administrativos. De hecho, se señala que no se pueden acumular denuncias, tal cual planteaba la denunciante en su tercer escrito.
Desde el Ayuntamiento se descarta anular el procedimiento administrativo para impeler una nueva licitación. En este sentido, se confía en que Jujosa-BDG acate la sentencia de subrogación para absorber a los cinco empleados.
El pasado 28 de junio, la Junta de Gobierno Local aprobó adjudicar a la UTE el contrato de rehabilitación y explotación del subterráneo, con un presupuesto estimado de 7,7 millones de euros (alrededor de 2 millones para las obras). Lo hizo cuatro meses después de que el Tribunal Administrativo Central (TAC) decretara la suspensión de la licitación por el recurso especial de Saba contra los pliegos y su eliminación del procedimiento.
Y es que la compañía catalana, al margen de la vía judicial, había recurrido al órgano de contratación por dicha exclusión de la licitación debido a un error al aportar la documentación de su oferta. La decisión de la Mesa de Contratación de apartarla retrasó el procedimiento a consecuencia de esos recursos ante el TAC y posteriormente por los Contencioso-administrativos.
Ahora, Saba considera que "la pelota está en el tejado del Ayuntamiento" tras el fallo sobre la subrogación y que evita que deba asumir el pago de indemnizaciones por despidos. El consistorio ha aceptado la resolución al no haber ejercido su derecho a presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo.