CASTELLÓ. El Ministerio para la Transición Ecológica trastoca la hoja de ruta del Acord de Fadrell para validar definitivamente el Plan General de Castelló (PG). La dirección general de Costas pone ahora reparos al Plan de Ordenación Pormenorizado (POP), una de las dos herramientas del planeamiento urbano (la otra es el Estructural, culminada a finales del pasado año). Tras apurar el plazo de dos meses para remitir su informe (en concreto, concluyó este lunes), plantea una serie de subsanaciones antes de avalar con su "sí" el documento.
Este inesperado contratiempo para el Ayuntamiento, además de volver a retrasar la tramitación, impide establecer una fecha para aprobar el PG en un pleno. Antes del verano, la idea era llevarlo al ordinario de septiembre. Sin embargo, al constatarse en agosto la dilación de Costas, hubo que modificar esa previsión, de manera que se manejó octubre como mes clave. Incluso, con la convocatoria de una sesión extraordinaria.
Aunque no está confirmado desde fuentes municipales, al parecer las correcciones que propone la dirección general afectan a los lindes y planos de acceso a la línea de dominio marítimo-terrestre. En efecto, se trataría de las mismas cuestiones que el propio Ayuntamiento ya matizó a principios de agosto, cuando recibió una primera contestación a propósito de la necesidad de aportar documentación adicional con un mayor grado de detalle.
Sin el informe favorable del Ministerio, la entrada en vigor del Plan General en su totalidad resulta inviable, por lo que solo el Estructural está vigente. Sin embargo, eso no es suficiente para impeler el crecimiento de aquellas zonas del término municipal que comportan un cambio de uso. Con el marco legal incompleto, las grandes multinacionales todavía no disponen de las suficientes garantías para realizar inversiones en la capital de la Plana, dentro de su política de expansión.
El Pormenorizado recoge 11 sectores en suelo urbanizable: seis de ámbito residencial, tres de uso terciario y dos con fines industriales. Su desarrollo permite completar vacíos en la trama urbana y cohesionar zonas de la ciudad y grupos periféricos. De ahí la importancia de su aprobación después de que en junio la Comisión de Evaluación Municipal emitiera la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica (Date), ratificada posteriormente por la Junta de Gobierno.
Castelló acumula más de 22 años de inseguridad jurídica desde que el Tribunal Supremo tumbara en 2008 el PGOU impulsado por el PP en el año 2000. Como consecuencia de esta situación, el Ayuntamiento ha venido solicitando al Consell normas urbanísticas transitorias de urgencia a fin de garantizar los proyectos urbanísticos.
La Generalitat autorizó las primeras en 2012. En febrero de 2015, renovó la vigencia de los preceptos hasta diciembre de 2018. Unos días antes de cumplirse la última fecha, la administración autonómica concedió otra prórroga. En esta ocasión, hasta el 1 de abril de 2021. En realidad, esa nueva moratoria se alargó hasta el 21 de junio por el estado de alarma por la covid-19. Ante la imposibilidad de cerrar la tramitación del Plan General, el Fadrell solicitó el enésimo aplazamiento en febrero de 2021, obteniendo 10 meses más de margen (hasta abril de 2022).
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.