CASTELLÓ. El pulso político entre el Acord de Fadrell y el PP va camino de judicializar la comisión de investigación de la sala de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento de Castelló. El principal partido de la oposición amenaza con acudir a los tribunales si continúa sin obtener respuestas a sus preguntas, lo que además interpreta como una estrategia del equipo de gobierno para "obstaculizar" la auditoría de los contratos de suministro y equipamiento de la Policía Local durante el período 2011-2019. La undécima convocatoria del órgano fiscalizador, celebrada este viernes, acrecienta la sensación de vivir en un bucle permanente, al más puro estilo El día de la marmota, película dirigida por Harold Ramis, cuyo protagonista, Bill Murray, se encuentra atrapado en un ciclo temporal.
En esta ocasión, los actores son los concejales designados por cada grupo municipal. La trama dista ostensiblemente del argumento de ficción, aunque se asemeja mucho en el fondo, ya que cada reunión supone un minúsculo avance en busca de esclarecer lo sucedido en los últimos ocho años en el denominado técnicamente Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias 092 (CIMSE). No obstante, el progreso apenas resulta perceptible. Primero, porque no se han analizado en profundidad los siete expedientes. Segundo, y como consecuencia de lo anterior, porque no se han extraído conclusiones definitivas, simplemente sospechas. Y tercero, porque todavía quedan interpelaciones por contestar pese a que se formularon en febrero y marzo. En concreto, aquellas que expusieron los populares sobre la externalización del pliego del contrato más elevado (700.000 euros).
En efecto, un enredo monumental que puede adquirir una mayor dimensión con la prueba testifical. Aunque se había previsto para la cita de este viernes establecer un calendario acerca de las declaraciones, será en el cónclave del 20 de noviembre cuando los partidos presenten sus relaciones con nombres y apellidos. Ese día se intentará consensuar un listado que, en ningún caso, estará cerrado. A medida que vayan saliendo nuevas revelaciones se irán incorporando más comparecientes.
En buena medida dependerá de las futuras consultas de los grupos, de acuerdo con las dudas que surjan al ahondar con la fiscalización. Sin ir más lejos, el PP planteó este viernes más preguntas. Lo hizo a través de su portavoz, Vicent Sales. "Queremos saber si en estos momentos tenemos una sala única que coordine todos los servicios de policía, bomberos y gestión del tráfico. También, por qué se recepcionaron las obras si se sabía que no iban a cumplir con las condiciones que se establecieron en la contratación", indicó Sales.
Al respecto, recordó que "¿cómo es posible que el intendente solicitara una modificación del contrato a la jefa de Patrimonio, porque decía que había una serie de cuestiones que no iban a poder cumplirse ni en tiempo ni el forma ni en materiales, que la jefa de Patrimonio diga que eso es una modificación sustancial del contrato y que, por tanto, no puede permitirlo porque debería ser objeto de otro contrato, y que solo diez días después se recepcionen las obras, a sabiendas de que no cumplían esas condiciones?", explicó.
"Creemos que aquí hay una serie de irregularidades claras y manifiestas que no van a acabar en una mera comisión municipal", alertó Sales.
Siguiendo la periodicidad establecida, los miembros de la comisión de investigación volverán a verse las caras dentro de 15 días, aunque probablemente la convocatoria se realizará a través de medios telemáticos tras las últimas medidas adoptadas por el Consell a consecuencia de la evolución de la pandemia. De hecho, tanto los plenos como las juntas de gobierno y portavoces, así como los grupos de trabajo tendrán un carácter virtual a partir de ahora, según fuentes municipales.