La comisión de la sala policial se enreda más: Cs hace 100 preguntas y pide que Toni Lorenzo hable

CASTELLÓ. La comisión de investigación de la sala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló se enreda todavía más. Al pulso político entre el PP y PSPV se suma ahora el emergente rol fiscalizador de Ciudadanos, cuyo representante, Vicente Vidal, se había limitado hasta la fecha a asumir la presidencia desde la neutralidad. Sin embargo, en la reunión de este viernes decidió pasar a la acción y, ante la perplejidad de más de uno, presentó un extenso escrito de pruebas pericial, testifical y documental con más de 100 preguntas relacionadas con los distintos expedientes que se vienen analizando desde octubre de 2019.

El regidor naranja incluso elevó una propuesta con nombres y apellidos para, llegado el momento, iniciar las comparecencias públicas. Entre los citados, el exedil de Seguridad Antonio Lorenzo (PSPV); el antiguo jefe de la Policía Local, José Luis Carque; y Manuel Rodríguez, en calidad de responsable del mentado centro, además de representantes legales de las mercantiles Eurocop y Alt 165, sobre las que el Partido Popular eleva sus sospechas convocatoria tras convocatoria.

El listado simplemente se expuso a modo de declaración de intenciones, ya que la relación de testificantes se consensuará entre los seis grupos municipales una vez culmine la fase de análisis, lo que aún tardará un tiempo a tenor de las nuevas solitudes de documentación adicional formuladas por parte de las dos fuerzas mayoritarias. De hecho, el PP planteó la necesidad de aclarar varias preguntas relacionadas con el suministro de las cámaras de videovigilancia en 2017, manteniendo la línea argumental de días anteriores. Así, volvió a poner en duda la adjudicación a la reseñada Eurocop para instalar 21 monitores en las dependencias municipales.

Los 'populares' siguen con su argumento

"El 23 de diciembre de 2016, cuando la Junta de Gobierno Local inicia el proceso de contratación de la nueva Sala de Emergencias, se liquidó el contrato de mantenimiento de las cámaras antiguas del Ayuntamiento de Castelló", afirmó Sales, que insistió en que "es evidente" que esos equipos "no podían funcionar el día 30 de septiembre [asalto a la azotea del consistorio], porque meses antes se había liquidado ese contrato, luego, ¿dónde estaban entonces las 21 cámaras nuevas que se habían recepcionado en abril?".

El munícipe popular denunció la "falta de transparencia" por parte del equipo de gobierno y señaló que "creemos que se trata de una irregularidad más de un contrato oscuro que, no solo no se cumplió, sino que nos ha obligado a todos los castellonenses apagarlo tres veces", reiteró.

Ante estas manifestaciones, el portavoz del PSPV, José Luis López, solicitó que constara en acta que "no estamos de acuerdo con la acusación del incumplimiento de contrato". Esa puntualización sirvió para que el grupo socialista contraatacara al reclamar a la comisión de investigación informes de la era Alfonso Bataller (PP) como alcalde, esto es, en el periodo entre 2011 y 2015. En concreto, centró sus interpelaciones en los sistemas de vigilancia, dotación presupuestaria y las facturas pagadas a Eurocop, toda vez que en esa época ya trabajaba con el Ayuntamiento. Igualmente, qué concejal autorizó las diversas contrataciones y cuáles fueron los servicios prestados.

Las nuevas demandas de unos y otros, añadidas a las planteadas por Cs, auguran meses y meses de auditoría. Es más, teniendo en cuenta que en cada reunión se requieren más informes, todo hace indicar que la fiscalización de la sala de Emergencias y Seguridad se extenderá buena parte de lo que queda de legislatura (por no decir toda) pese a la redundante petición del Fadrell de acelerar los tiempos y arrancar la prueba testifical.