CASTELLÓ. La covid-19 paraliza el acuerdo de cesión de inmuebles entre la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Aunque existe una manifiesta voluntad por tender puentes de colaboración en este asunto, la realidad de la pandemia deja en stand-by un convenio que debe implantar las condiciones de transmisión de instalaciones como el pabellón Pablo Herrera, la antigua Comisaría de la Policía Nacional o la Piscina Provincial.
El último encuentro entre el presidente de la institución, José Martí, y la alcaldesa, Amparo Marco, se produjo el 14 de octubre de 2019. Hace casi un año. Desde entonces, ya no ha vuelto a haber ninguna nueva toma de contacto. Aquella cumbre sirvió para avanzar con la letra pequeña de la alianza, aunque sin llegar a profundizar lo suficiente con vistas a establecer una hoja de ruta. No obstante, y como principal conclusión, se consideró imperativo incorporar al Consell en el futuro pacto entre administraciones con el objetivo de disponer del mayor número posible de construcciones. Entre ellas, el edificio de Borrull, cuya rehabilitación correrá finalmente a cargo de la Conselleria de Hacienda con una inversión de 14 millones de euros.
Con anterioridad a esa cita, ambos líderes abrieron su calendario de reuniones el 24 de julio. En la primera visita oficial de la munícipe al flamante titular de la Diputación, se remarcó la necesidad de instaurar sinergias entre las instituciones. En este contexto, surgió como una oportunidad el convenio sobre inmuebles, una pretensión de la alcaldesa desde 2015, pero imposible de llevar a cabo en el anterior mandato por el diferente signo político de la entidad provincial, controlada por el PP.
Marco trasladó a Martí su aspiración de iniciar la colaboración con el préstamo de la Comisaría y la Piscina Provincial. Sin embargo, en el segundo encuentro, celebrado en el consistorio, afloraron algunos contratiempos de carácter burocrático. En el caso de la construcción de la Ronda Magdalena, número 92, había que regularizar primero el catastro, de baja desde la etapa del Partido Popular. Y esa puesta al día requería tiempo, considerando que la instalación permanece cerrada y desocupada desde 2010.
Con el complejo deportivo, los técnicos advirtieron que el actual contrato de explotación en favor de Intur Esport (hasta 2024) imposibilitaba el cambio de titularidad. La mercantil apenas llevaba con la gestión unos meses, desde de marzo de 2019, cuando ganó el concurso público impulsado en noviembre del año anterior.
Ante este escenario, la alcaldesa de Castelló y el presidente de la Diputación valoraron otros inmuebles, como el Pablo Herrera. De hecho, a mediados de enero de 2020 Marco se mostró optimista y señaló que "no será difícil conseguirlo [la cesión], porque al final si lo utiliza la ciudad, lo lógica sería que el pabellón perteneciera al Patronato de Deportes".
En plena negociación para incluso lograr un traspaso a largo plazo, pudiéndose perpetuar más allá de los 25 años previstos, irrumpió poco después la covid-19, sin opción de seguir progresando con el convenio mediante sucesivas reuniones.